Según expertos, hay metas que no avanzan, el Icetex está desfinanciado, y la básica y media atraviesa dificultades.
A pesar de que el Gobierno anuncia avances en la cobertura en educación superior, desde las universidades privadas manifiestan preocupación por el estado del Icetex. Foto: Vanexa Romero. Archivo EL TIEMPO
En diferentes oportunidades, el presidente Gustavo Petro ha nombrado a la educación como la
principal prioridad durante su gobierno, y para probarlo, no solo ha hecho eco de los recursos que se
le asignan al sector (los más altos del Presupuesto General de la Nación – PGN), sino que alude a
diferentes metas, la más reciente, los nuevos cupos en educación superior. Sin embargo, para expertos
consultados por EL TIEMPO, luego de tres años, son más las deudas que los avances en el sector.
Así lo cree la exsecretaria de Educación de Bogotá, Edna Bonilla: “Ha habido una gran cantidad de promesas frente al cambio educativo, algunos logros que creo que uno tiene que reconocer, pero sobre todo grandes deudas con el sector educativo”.
Un ejemplo reciente es el de la meta de 500.000 nuevos cupos en educación superior, que, de acuerdo con cálculos del Gobierno, a corte de 2024 alcanzó ya 190.000 cupos creados, cifra controvertida por diferentes análisis. Esto dado que los datos, publicados en el Sistema Nacional de Información de Educación Superior (Snies), muestran que en realidad los cupos habrían crecido en pregrado en realidad 125.000 (si se tiene en cuenta el indicador de primer curso, es decir, solo los primíparos) o62.000 (si se tiene en cuenta el indicador de matrícula total).
Pero los analistas consultados por este diario sostienen que son muchas otras las deudas con la educación. Y es que, si bien es cierto que en los últimos tres años ha habido importantes avances(como la ley de gratuidad en educación superior, o el incremento en la cobertura del PAE y en la tasa de tránsito inmediato a la educación superior), muchos otros problemas se han profundizado.
Para Gloria Bernal, directora del Laboratorio de Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana, gran parte del problema viene del presupuesto. Si bien llegó a sus valores más altos, el porcentaje dedicado a inversión es cada vez menor.
“La mayor parte del aumento en el presupuesto se está yendo a funcionamiento, que son los salarios las prestaciones, arriendos, etc. En inversión, rubro que va a infraestructura, laboratorios, mejoramiento de calidad, etc., el presupuesto se redujo considerablemente”, aseguró.
En lo que refiere a la educación superior, otros dos temas causan preocupación en el sector, ambos relacionados con políticas y decisiones originadas desde el Ejecutivo.
La primera de ellas, la eliminación de las líneas de crédito subsidiadas del Icetex
, que llevaron a la entidad de beneficiara 50.000 nuevos usuarios al año a solo 10.000 para 2025, sin contar con la desaparición de los subsidios a la tasa de interés de más de 200.000 usuarios, que ven cómo sus recibos de pago han subido hasta en un 100 por ciento.
Cajiao calificó este hecho como “un error terrible que le ha cerrado las puertas a mucha gente que no puede entrar a la universidad pública, porque simplemente en ella no hay la capacidad para recibirlos, así el Gobierno insista en lo contrario”.
Estos beneficios ayudaban principalmente a personas de estratos 1, 2 y 3 (el 90 por ciento de los usuarios de la entidad). Los analistas consultados consideran que, si bien no es la desaparición del Icetex, sí se trata de una reducción a su mínima expresión, que afecta la estabilidad económica de las universidades privadas, pero, sobre todo, deja desprotegida a una población que precisa de estos créditos para acceder a la educación superior.
El segundo tema que causa polémica es el papel que el Gobierno ha tenido en la gobernanza interna delas instituciones de educación superior. Prueba de ello es la controversia por la rectoría de la Universidad Nacional (donde se reversó la elección de Ismael Peña para luego nombrar a Leopoldo Múnera, todo ello aderezado por el actuar de la entonces ministra de Educación, Aurora Vergara, y sus representantes en el Consejo Superior), la cual está a la espera de una decisión final del Consejo de Estado.
Pero las disputas por las rectorías se repiten en varias otras universidades, como en la
Universidad Tecnológica del Chocó, la Universidad del Atlántico o, recientemente, en la Popular del Cesar (donde una reciente investigación de El Colombiano alude a intereses del jefe de gabinete Alfredo Saade, el ministro del Interior Armando Benedetti y el Ministerio de Educación, Daniel Rojas).
De acuerdo con Edna Bonilla, “la gobernanza de las universidades públicas es una preocupación especial. Es lamentable que la semana pasada ya se hayan anunciado medidas preventivas y de vigilancia especial sobre la Universidad de Antioquia (que enfrenta una gran crisis financiera, lo que el año pasado la llevó a incumplir en varios pagos de nómina), lo que se suma a lo que ha pasado en la Universidad Nacional”.
Y agregó: “Si esto pasa con la Universidad Nacional y la Universidad de Antioquia, ¿Qué podemos esperar de otras instituciones en las regiones mucho más pequeñas? Uno se atrevería a decir que viene seguramente un camino de nuevas intervenciones”.
Campus de la Universidad de Antioquia, en Medellín.
FOTO: UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA.
Crisis en educación básica y media
Todo lo anterior ha sido mediático en los últimos años, pero para los expertos, lo que en verdad es preocupante es lo que ocurre en la educación básica y media, es decir, los colegios. Así lo explica Cajiao: “Este realmente es mi foco de preocupación mayor, porque la educación superior, al final de cuentas, se defiende, pero la educación básica, que es donde están los niños, niñas y adolescentes, sí tiene serios problemas”.
Los indicadores no son buenos. En los años del gobierno Petro, la cobertura neta (los niños de 5 a 16años que, por su edad, deberían estar estudiando) no ha hecho más que caer, llegando al 90,3 porciento en 2023 (último dato disponible), frente al 91,5 por ciento de 2022 y el 92,3 por ciento de 2021. En un sistema de casi 10 millones de estudiantes, ese 2 por ciento implica cerca de 200.000estudiantes menos en dos años y 926.000 menores sin escolarizar.
Pero no es lo único que preocupa. La deserción alcanzó en 2022 y 2023 sus niveles más altos (4,4por ciento y 3,9 por ciento respectivamente), mientras que la repitencia, cuyos promedios históricos rondaban el 2 por ciento, llegó al 6,7 por ciento en 2022 y 9,2 por ciento en 2023 (la cifra más alta de la historia).
Todo esto no solo habla de desigualdad, sino de problemas de calidad, como lo explica la directora del LEE: “Los niveles de lectura a nivel nacional son preocupantes. La repitencia aumentó, y parte de ese indicador es porque los niños venían desde la pandemia con rezagos de aprendizaje. Nunca se hizo nada para remediarlo, no es un tema que ha sido prioritario. Esto sin contar las acciones casi nulas en educación inicial”.
La gravedad de este problema, que, aunque es de vieja data, en este gobierno presenta retrocesos, es porque “allí es donde se generan las grandes brechas sociales, y eso está demostrado hasta la saciedad por todos los estudios que se han hecho en las últimas dos décadas”, explica Cajiao.
MATEO CHACÓN ORDUZ | Subeditor Educación
