Luego de un periodo de relativa calma, en las últimas semanas, en ciudades como Bogotá y Medellín, se han dado algunas manifestaciones protagonizadas por estudiantes universitarios. De hecho, el martes 7 de marzo estudiantes de las universidades Nacional, Distrital y Pedagógica protagonizaron protestas que derivaron en bloqueos y algunos enfrentamientos frente al Ministerio de Educación.
¿A qué se debe este resurgimiento de las protestas estudiantiles en el país? Al respecto, EL TIEMPO habló con Hami Gómez, vocero de la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE) y exrepresentante estudiantil de la Universidad Nacional, quien dijo que “ha aumentado el sentimiento de desesperanza por parte de algunos sectores estudiantiles que creyeron que este Gobierno iba a ser distinto con la educación superior, pero por el contrario se está continuando con las mismas prácticas, no se están cumpliendo las promesas de campaña y continúa la precarización de las universidades”.
De acuerdo con Gómez, “hay una preocupación dentro de las universidades que cada vez está tomando más fuerza y es que el Gobierno Nacional no ha resuelto, ni ha empezado a resolver, la crisis que tiene el Sistema Universitario Estatal. Esto nos preocupa, no solo desde la universidad Nacional sino al movimiento estudiantil en general, porque se ha evidenciado que el aumento presupuestal para este año no ha podido solucionar la situación que viene desde hace años, en especial por la Ley 30 de 1992″.
Según han denunciado los estudiantes y congresistas como Jennifer Pedraza, quien también fue líder estudiantil, al anunciarse que se iba a pagar a las universidades un incremento presupuestal del IPC (que es lo que establece la Ley 30) más 5 puntos, se esperaba una inflación cercana al 10 por ciento, y con base en eso se realizó el aumento.
Pero en realidad, el IPC fue del 13,3 por ciento. Es decir, el aumento presupuestal real solo fue de unos 2 puntos por encima de la inflación y no lo prometido. Ante esto, actualmente se tramita en el Congreso un proyecto de ley de adición presupuestal, que garantizaría más recursos para igualar la promesa dada por el Ministerio de Educación. Sin embargo, este incremento se vería reflejado solo hasta 2024.
“¿Entonces cómo pagamos el salario de los profesores de 2023? ¿Cómo garantizamos la implementación de protocolos de prevención de violencias basadas en género? ¿Cómo garantizamos alimentación digna para los estudiantes?”, expresó la representante Pedraza.
Por su parte, Gómez señaló que esta falta de financiación ya se está haciendo nuevamente evidente en el funcionamiento de las instituciones. “Esto ha traído problemas como la falta de financiación para programas de bienestar, la precariedad del número de profesores contratados, hay una incertidumbre, sobretodo en la Universidad Nacional, por la reducción de los docentes estacionales, de los estudiantes auxiliares y su salario. Esto nos habla de menos profesores y menos monitores”, señaló. y añadió: “Hoy las universidades tienen que hacer más con menos”.
Todos estos son reclamos de vieja data en el movimiento estudiantil, y de acuerdo con el analista Ricardo Rodríguez, es la principal causa de las oleadas de inconformismo que se ven cada año, y que en 2022 tuvieron cierta calma a causa de las elecciones y anuncios como la matrícula cero.
“Lo que pasa es que las medidas que suelen tomar los gobiernos son momentáneas y no atienden los problemas estructurales, que en este caso recaen en la Ley 30 de 1992, que no contempla que los gastos universitarios son mucho mayores al IPC. Este gobierno propuso hacer una reforma a esta norma, pero de momento no ha sido prioridad en la agenda legislativa. Ahora bien, la ministra de Educación, Aurora Vergara, desde su paso como viceministra ha encabezado mesas de diálogo para estructurar la reforma, y se comprometió a radicar el proyecto este semestre. Falta ver si la promesa se cumple”, aseguró Rodríguez.
Sin embargo, este no es el único inconformismo. Gómez sostiene que también pasa por la gratuidad: “La crisis económica del país exige que haya matrícula cero universal para todos los estudiantes, pero al contrario, y faltando el cierre de matrículas en muchas instituciones, va a haber una reducción en el número de beneficiados de esta política, porque cambiaron los requisitos para acceder, basados en los grupos A, B y C del Sisbén VI, o sea, ya no es para todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, sino solo los sisbenizados. Esto va a aumentar las barreras de acceso y la deserción estudiantil”.
Frente a la posibilidad de un nuevo paro estudiantil, Gómez mencionó que con este tema “es mejor no especular. El malestar existe y se está haciendo cada vez mayor, pero de momento no se ha hablado de un nuevo paro”.
REDACCIÓN EDUCACIÓN