El aumento exponencial del número de abogados inscritos en Colombia ha generado una situación de sobreoferta en el campo jurídico, según reveló un informe de la Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ).
Entre 1996 y 2022, la cantidad de abogados inscritos en el país aumentó 472 %, alcanzando un total de 375,580 juristas al cierre del año 2022. Esta cifra sitúa a Colombia como uno de los países con la mayor tasa de abogados a nivel mundial, con 728 juristas por cada 100.000 habitantes, según datos de la Unidad de Registro Nacional de Abogados y Auxiliares de la Justicia (URNA).
La tendencia de crecimiento de la cantidad de abogados inscritos se mantiene constante, con excepción del año 2020, cuando se produjo una disminución debido a la pandemia. Entre 2018 y 2021, se expidieron un total de 74.178 tarjetas profesionales nuevas, evidenciando un aumento sostenido en el número anual de nuevos abogados. Por ejemplo, en 2018 se expidieron 18,895 tarjetas, mientras que en 2021 se llegó a 21,481.
Aunque Colombia se destaca por tener una alta tasa de abogados, esta situación, para la CEJ, viene siendo objeto de preocupación desde hace años. En 2008, Colombia ocupó el segundo lugar en América en cantidad de abogados por cada 100,000 habitantes, después de Costa Rica. Brasil, Argentina, Perú y Uruguay también se encontraban entre los países sudamericanos con una alta proporción de abogados.
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En el informe de la CEJ titulado ‘Ejercicio profesional del derecho en Colombia: perspectiva actual e ideas para su mejoramiento’, expertos hacen un análisis detallado sobre el estado y la calidad de la profesión jurídica en el país. Esta cuestión es de “interés general debido a la amplia participación de los abogados en diversos cargos públicos y privados, pero hasta ahora ha sido poco estudiada”.
Históricamente, la profesión jurídica ha estado dominada por hombres, aunque entre 1996 y 2008, de acuerdo con el informe, se observó un aumento en la presencia de mujeres en el campo del Derecho. Sin embargo, en los últimos años, el número de mujeres que se inscriben como abogadas ha superado al de hombres. Durante el período comprendido entre 2016 y 2021, más de la mitad de las tarjetas profesionales expedidas fueron para mujeres, de un total de 108,063 tarjetas.
El informe también pone de manifiesto la falta de calidad en muchos de los programas de pregrado en derecho ofrecidos por las instituciones de educación superior en Colombia. Según la CEJ, solo el 23 % de estos programas están acreditados como programas de alta calidad. De los 196 programas de pregrado en derecho ofrecidos por las 114 universidades del país, solo 46 cuentan con el reconocimiento otorgado por el Ministerio de Educación Nacional, mientras que los 150 restantes tienen solo un registro calificado.
El estudio revela que Colombia cuenta con 114 facultades de derecho, lo que equivale a 22 por cada 10 millones de habitantes, “esto es casi cuatro veces el número de facultades que alberga un país como Estados Unidos que tiene 199, es decir, seis facultades por cada 10 millones de habitantes”.
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“Actualmente, Colombia cuenta con el triple de universidades con programas de pregrado si se compara con las 32 facultades y los 60 estudios superiores que existían en 1993, un crecimiento que se explica, en cierta medida, a partir de la promulgación de la Ley 30 de 1992, que organizó el servicio público de educación superior y eliminó algunas restricciones para la creación de universidades o programas de derecho, buscando ampliar la oferta educativa”, asegura el informe.
En relación con esto, el análisis realizado por la Corporación revela dos realidades comunes en el ámbito estudiantil: en primer lugar, existe una desigualdad debido a la concentración geográfica de la oferta educativa de alta calidad, la cual se centra principalmente en ciudades como Bogotá (24 %), Medellín (13 %), Barranquilla (13 %), Bucaramanga (7 %), Cali (7 %) y Tunja (7 %). En segundo lugar, existen barreras de acceso basadas en el elevado costo de las matrículas para acceder a estudios superiores de alta calidad. Según el estudio, únicamente el 20 % de los programas de pregrado acreditados pertenecen a universidades del sector público.
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