La ministra de Educación, Aurora Vergara, y los altos directivos de la cartera aclararon, en rueda de prensa, algunos de los puntos más importantes de los dos proyectos de ley cuyo borrador fue conocido el 20 de julio: el que busca una reforma integral de la Ley 30 de 1992, que regula a la educación superior, y el de ley estatutaria que reglamenta a la educación, en todos sus niveles, como un derecho fundamental.
De acuerdo con la ministra, “si bien empezamos con una visión de radicar el proyecto esta semana, nos dimos cuenta de que es necesario un espacio de búsqueda de consensos. Ya el Ministerio de Educación está listo, y el paso ahora es socializar el proyecto, ya hemos recibido muchos aportes y anotaciones para enriquecer el documento. Queremos presentar los proyectos al Congreso cuando haya consensos, dar la garantía de que se discutió, que se oyeron todas las voces y se alcanzó la mejor redacción posible”.
Enseguida enfatizó: “En el caso del proyecto de ley estatutaria sobre el derecho fundamental a la educación, debería estar listo en cuestión de semanas para ser radicado. En cuanto a la reforma de la Ley 30, puede tomar más tiempo. De cualquier forma, la idea es que sea en esta misma legislatura cuando se radique, ojalá lo más pronto posible, pero garantizando que no se genere fricción en el sector en temas que deberían, en cambio, unirnos”.
El contenido de los borradores de ambos documentos, que modificarían sustancialmente el sistema de educación en el país, tiene varios puntos que pueden ser considerados polémicos.
Uno de ellos es lo concerniente al Icetex. El proyecto de reforma de la Ley 30 menciona que se buscará que la entidad deje de ofrecer créditos educativos para pregrado y centre sus esfuerzos, de manera progresiva, a financiar estudios de posgrado en el exterior.
Ante las implicaciones que esto tendrá en las universidades privadas, cuyas matrículas dependen en gran porcentaje de estos mecanismos, por lo que temen una caída de su número de estudiantes, la ministra señaló: “Los cambios que hemos establecido no van a cerrar puertas. Las instituciones de educación superior privadas hacen parte del sistema mixto. Cumplir las metas de cobertura (500.000 cupos nuevos) necesita a las universidades de este sector. La invitación a los rectores es que la redacción de los documentos está abierta para sus contribuciones. Este es un momento para que nos permitan leer la redacción de ese artículo que mejor represente sus intereses”.
Con respecto al mecanismo de financiación de las universidades públicas propuesto en la reforma (que busca pasar de calcular los incrementos presupuestales anuales del valor del IPC al ‘Índice de costos de la educación superior’ –Ices–, del Dane), la funcionaria destacó que se trata de una propuesta recogida a partir de las sugerencias de múltiples actores, como rectores, estudiantes y congresistas. Sin embargo, mencionó que “es necesario establecer cuál será el cálculo, la fórmula, en detalle que determinará los incrementos anuales”.
En este punto, es importante señalar que dichos incrementos presupuestales necesitarán de mayores recursos, teniendo en cuenta, además, otros rubros que menciona el documento, como los recursos necesarios para cubrir la gratuidad de la matrícula, que no será parte de la base presupuestal, así como la ampliación de la cobertura con énfasis en las regiones.
“Aunque el sector de la educación tiene hoy un presupuesto histórico de 57 billones de pesos, garantizar que avanzamos en una educación de calidad y pertinencia necesita más financiamiento. El ideal es que tenga una representación mucho más alta en el PIB. Se necesita mayor inversión de la Nación para no sacrificar la calidad, para aumentar coberturas, para solucionar los problemas financieros de las universidades, para matrícula cero, etc.”.
Y agregó: “La discusión de la Ley 30 no es nueva. Se han presentado múltiples intentos de reforma que no prosperaron. Por eso no tenemos ‘líneas rojas’ o puntos en los que no estemos dispuestos a la escucha abierta. Este sector necesita que el proyecto que llegue al Congreso sea el que realmente apoyen todos los actores”.
Derecho fundamental
En lo que respecta al proyecto de ley estatutaria que establece la educación como un derecho fundamental, la ministra Vergara mencionó que una de las prioridades es la educación inicial: “El derecho fundamental debe iniciarse en la primera infancia, porque las investigaciones científicas más importantes de los últimos años en esta materia han determinado que lo más rentable es invertir en educación inicial”, dijo. De esta forma, el documento plantea la obligatoriedad de los grados de prejardín y jardín, a partir de los 3 años de edad.
Así mismo, se establecen los criterios de pertinencia, permanencia, calidad y cobertura como ejes de esta reglamentación. En este orden de ideas, la funcionaria aseguró que con ello se abre la puerta a integrar en los colegios la cátedra de historia y geografía, programación, arte y deporte, materias que, si bien no están mencionadas en el proyecto, sí podrían consolidarse eventualmente con su aprobación.
Por su parte, el viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, Óscar Sánchez, aclaró los propósitos de la norma: “Este es un proyecto que responde a los mandatos constitucionales y a los estándares internacionales”.
REDACCIÓN EDUCACIÓN