Un total de 6,8 billones de pesos serían los recursos que se necesitarían adicionar durante este Gobierno al sector educativo para cumplir con lo establecido en el proyecto de reforma de la Ley 30 de 1992 que regula la educación superior en Colombia.
Así se puede apreciar mediante un análisis fiscal realizado por el mismo Ministerio de Educación, en el cual también se dice que para los próximos 10 años esto podría significar 33 billones de pesos adicionados al presupuesto del sector.
“El gasto adicional está dado en mayor cuantía por la modificación al esquema de transferencias que la Nación realiza a las instituciones de educación superior públicas, que en la iniciativa se encuentra incorporada en los artículos 86, 86-A y 87”, se lee en el documento.
Esta modificación que menciona el ministerio está dada en que el incremento de los recursos que dará el Estado a las universidades dejaría de incrementar anualmente por medio del Índice de Precios al Consumidor (IPC) para ser reemplazado por el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices), que calcula el Dane cada año.
Y es que el Ices, en promedio de los últimos diez años, ha estado cinco puntos porcentuales por encima del IPC, lo que implica un aumento significativo. A esto se suman recursos adicionales dirigidos a funcionamiento, presupuesto para financiar a las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias, entre otros.
Así las cosas, se calcula que, si el proyecto se aprueba y entra en vigencia a partir de 2024, durante el actual Gobierno (hasta 2026) serían necesarios 5,8 billones de pesos, de los cuales 2,4 billones de pesos (casi el 40 por ciento) sería para financiar el programa de ampliación de cobertura, cuya meta puesta por el presidente Gustavo Petro es de ampliarla en 500.000 nuevos cupos.
A eso se le suma 1 billón de pesos por otros recursos que la reforma establece y que no son parte de la base presupuestal (destinados, por ejemplo, a la financiación de la matrícula cero). Con eso, la reforma costaría en total 6,8 billones de pesos, de los que 1,15 billones se incorporarían en 2024, 2,15 en 2025, y los restantes 3,5 billones en 2026.
Pero, de acuerdo con los mismos cálculos de Mineducación, y dado que la idea es que estos ajustes presupuestales se mantengan en el tiempo, “se estima que el impacto fiscal de la reforma podría suponer recursos adicionales por más de 33 billones de pesos” para la próxima década.
REDACCIÓN EDUCACIÓN