El Ministerio de Educación dio a conocer el texto de la reforma a la Ley 30, que regula la educación superior en el país. Se trata de una de las principales apuestas legislativas del Gobierno para este semestre, cuya discusión ignición como un intento de salvar financieramente a las universidades públicas, pero que avanzó hasta una reforma integral.
Anteriormente EL TIEMPO había conocido en primicia el borrador de otro proyecto de ley que busca plantear a la educación como un derecho fundamental, siendo este un proyecto de ley estatutaria que, entre otras cosas, abre la posibilidad de la creación de grado duodécimo (12°) en los colegios.
Ahora, con el conocimiento de la reforma a la Ley 30 ya se conoce cuál es el contenido de la apuesta del Mineducación para el sector de la educación superior tras semanas de deliberaciones, conversaciones y encuentros con diversos agentes del sector.
El documento cuenta con seis títulos y de 25 capítulos, y cuenta con ajustes a diversos puntos de la Ley 30, pasando por la concepción del sector, su financiación, el sistema de aseguramiento de calidad, el Icfes, el personal docente, entre muchos otros puntos.
Así las cosas, uno de los puntos más esperados era el de la modificación de los artículos 86 y 87 de la ley, que establecen el presupuesto que el Estado da a las universidades oficiales y los incrementos anuales de este rubro, los cuales están actualmente tasados al incremento del IPC, es decir, de la inflación.
Sin embargo, este método ha sido el responsable del déficit fiscal de las instituciones públicas, que actualmente se estima entre 15 y 18 billones de pesos, dado que los costos de las universidades se incrementan anualmente cinco puntos porcentuales por encima del IPC, de acuerdo con cifras del Sistema Universitario Estatal (SUE).
Así las cosas, en el texto de la reforma se establece que “los aportes del Presupuesto General de la Nación y los aportes de las entidades territoriales asignados a las universidades estatales y oficiales se calcularán tomando como base el año inmediatamente anterior y ajustándose como mínimo cada año por el Índice de Costos de la Educación Superior (Ices) de3 las universidades públicas, calculado por el Dane”.
El Ices es un indicador que establece los costos reales de las universidades, por lo que anteriormente se había sugerido por parte de rectores y estudiantes este como el modelo con el que se debía hacer el cálculo.
Pero además establecen recursos adicionales para aumentar la cobertura y la permanencia, aportes de las entidades territoriales, recursos para cubrir la matrícula cero que no hacen parte de la base presupuestal, así como incrementos para las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias estatales.
Entre otros temas, se le da mayor participación a los profesores y estudiantes en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cesu), el máximo órgano universitario del país, así como en los consejos directivos de las universidades públicas, que pasan de uno a dos representantes tanyo para alumnos como para profesores.
En cuanto a bienestar universitario, la reforma dice que las universidades deben tomar acciones por la salud física y mental de la comunidad educativa. Así mismo, cada IES del país debe destinar mínimo el 5 por ciento de su presupuesto en materia de bienestar, de manera progresiva.
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REDACCIÓN EDUCACIÓN