El Ministerio de Educación anunció que el próximo 7 de septiembre radicará ante el Congreso de la República el proyecto de ley estatutaria que establece a la educación, en todos sus niveles, como un derecho fundamental.
Se trata de uno de los dos proyectos que la cartera educativa presentó como borrador el pasado 20 de julio al inicio de la presente legislatura, junto con la reforma a la Ley 30 que regula la educación superior en Colombia.
Con esta iniciativa, se busca garantizar el acceso universal a la educación desde los primeros años de edad hasta la educación superior, con todas las implicaciones que esto implica en términos de accesibilidad, asequibilidad, calidad, permanencia, pertinencia, equidad, y demás.
Es decir, es uno de los proyectos en materia educativa más importantes de los últimos tiempos, dado que implica, por ejemplo, que se garantice que todos los niños del país puedan acceder al colegio desde el grado prejardín (no como ocurre actualmente que aunque existe la oferta, solo es obligatorio desde transición). Lo mismo ocurre con la educación media (grados 10° y 11°), dado que actualmente la obligatoriedad va solo hasta grado 9°.
Se tiene previsto que la radicación del proyecto cuente con la presencia del presidente Gustavo Petro, y la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa.

El acceso a la educación superior también sería un derecho fundamental.
¿En qué consiste el proyecto de ley estatutaria de educación como derecho fundamental?
Aunque el país reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos, la educación es considerada como “un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social”, de acuerdo con el artículo 67 de la Constitución.
Así mismo, la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y otras normativas posteriores establecen la necesidad de una ley estatutaria (norma al mismo nivel de la constitución) que establezca explícitamente a la educación como derecho fundamental, con sus implicaciones y alcances.
Pese a ello, a la fecha no existe dicha norma, por lo que se espera con este proyecto saldar esta deuda. Además, al tener este carácter, se obligaría al Estado a cumplir con todas las condiciones para garantizar dicho derecho desde los 3 hasta los 18 años de manera obligatoria, así como garantizar el acceso y permanencia de todos los jóvenes a la educación superior.
De esta forma, el nuevo proyecto establece los criterios y principios de este derecho, así como los deberes del estado en dicha garantía.
Así las cosas, uno de los puntos más novedosos del proyecto es que se establece el derecho a la educación en distintos niveles: desde la educación inicial hasta la educación superior. A este último, el propósito es que puedan acceder todos los que terminan su colegio, ya sea a programas técnicos, tecnólogos o profesionales.
“El Estado financiará, ofrecerá y garantizará en forma progresiva el derecho a la educación superior de acuerdo con la regulación para la prestación en este nivel”, se lee en el documento.
De esta forma, la norma habla de los plazos que tendrá el Estado para garantizar la prestación de todos los niveles educativos de manera universal, los principios de esta formación, su impacto en la ruralidad, la profesión docente, atención a población en condición de vulnerabilidad, entre otros.
REDACCIÓN EDUCACIÓN