Son dos los proyectos de ley los que serán anunciados hoy en el primer día de la nueva legislatura por parte del Gobierno en lo que concierne al sector educativo, con el fin de dar inicio a su socialización: el primero es la anunciada reforma a la Ley 30 de 1992 que regula a la educación superior en el país. La segunda, tiene que ver con la concepción de todo el sistema educativo colombiano como un derecho fundamental en todos los niveles.
EL TIEMPO conoció el borrador de este último proyecto, con el que el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Educación, se la juega por garantizar la educación como derecho fundamental, regular y establecer las condiciones necesarias para su protección.
Y es que, aunque el país reconoce la Declaración Universal de Derechos Humanos, la educación es considerada como “un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social”, de acuerdo con el artículo 67 de la Constitución.
De esta forma, el nuevo proyecto establece los criterios y principios de este derecho, así como los deberes del estado en dicha garantía.
Así las cosas, uno de los puntos más novedosos del proyecto es que se establece el derecho a la educación en distintos niveles: desde la educación inicial hasta la educación superior. A este último, el propósito es que puedan acceder todos los que terminan su colegio, ya sea a programas técnicos, tecnólogos o profesionales.
“El Estado financiará, ofrecerá y garantizará en forma progresiva el derecho a la educación superior de acuerdo con la regulación para la prestación en este nivel”, se lee en el documento.
Así mismo, en lo que respecta a la educación media, se habla de un sistema de articulación con niveles superiores, y se abre la posibilidad de la creación del grado duodécimo (12°).
Se establecen como elementos esenciales de este derecho la asequibilidad (que haya la correcta cobertura en todas las regiones en todos los niveles educativos), la accesibilidad (que haya igualdad de oportunidades para ingresar a los distintos niveles de estudios), aceptabilidad (los estándares de calidad y pertinencia) y adaptabilidad (a las condiciones de los estudiantes).
También recae en el Estado la obligación de crear políticas públicas, vigilar, ampliar la planta educativa y hacer todos los esfuerzos necesarios para buscar una universalidad de los servicios educativos de manera progresiva.
REDACCIÓN EDUCACIÓN