Los profesores volvieron a salir a las calles en un nuevo paro nacional de maestros convocado por la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode). Y aunque las causas de dichas movilizaciones pasan por temas políticos (dos proyectos de ley en curso en el Congreso de la República), existe otro tema que ha sido recurrente en los paros durante años: el sistema de salud del magisterio.
Y es que, de acuerdo con el exministro de salud y educación, Alejandro Gaviria, este sistema tiene en promedio tres veces más quejas por cada 1.000 afiliados, si se compara con los regímenes contributivos y subsidiados.
El sistema de salud de los maestros no funciona igual al del resto de los colombianos, sino que hace parte de los regímenes especiales (junto con el de las fuerzas armadas), lo que quiere decir que no funcionan con EPS sino por medio de un fondo.
Los maestros han denunciado durante años enormes tiempos de espera para acceder a citas médicas y medicamentos, mala atención en los servicios de urgencias, retrasos en cirugías, e incluso un déficit presupuestal billonario que estaría arrastrando el sistema.
No más negación de citas.
No más negación de medicamentos.
No más demoras injustificadas de procedimientos médicos.
No más paseos de la muerte.
No más retrasos indefinidos de cirugías.#FecodeExigeSaludDigna
Paro Nacional del Magisterio, 30 de agosto pic.twitter.com/jNI7M7sAB1— fecode (@fecode) August 30, 2023
¡Testimonio!
La vida de los docentes y sus familias está en riesgo por el deplorable servicio de salud.
PARO DEL MAGISTERIO, 30 de agosto pic.twitter.com/sRb0U5LYaN
— Sindicato SES (@SindicatoSES) August 29, 2023
¿Cómo funciona la salud de los maestros?
Para entender mejor dichas dificultades, es necesario primero entender cómo funciona la salud de los maestros. Al igual que en una empresa privada, los profesores hacen un aporte a su salud y el Gobierno, como su empleador, hace lo propio en los mismos porcentajes establecidos por ley. Dicho dinero cae en una bolsa común: el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), que cuenta con 817.288 afiliados, entre docentes, directivos docentes y sus familiares.
El Fomag es el fondo que reúne no solo los recursos de la salud del magisterio, sino también de las demás prestaciones, como los aportes a pensión y cesantías. La Fiduprevisora, una entidad privada, es la que administra esta bolsa conforme al contrato de fiducia mercantil suscrito con el Gobierno Nacional.
De acuerdo con Fecode, es en este punto donde radica gran parte de las inconformidades y problemas. Y es que el sindicato en reiteradas oportunidades ha expresado que Fiduprevisora no administra de manera adecuada los recursos. De hecho, en el mencionado paro de 2019, la Contraloría General de la República señaló que habría para esa fecha un presunto detrimento patrimonial en el Fomag por 4,2 billones de pesos.
Según informó Fecode a EL TIEMPO, el déficit acumulado actual en el Fomag asciende a 3,5 billones de pesos.
De esta forma, el sindicato, el Ministerio de Educación y entidades de control han mencionado en diferentes oportunidades demoras por parte de la Fiduprevisora en el pago a las IPS encargadas de la prestación de la salud de los maestros.
“Esto ha generado muchos problemas en el acceso a la salud. Casos de profesores que no pueden agendar citas médicas generales ni de especialidad porque las IPS suspenden su atención por la deuda que se tiene con ellas”, explica el abogado Abelardo Camargo, quien ha sido apoderado de varios docentes quienes han tenido que recurrir a acciones de tutela para ser atendidos.
“Estamos hablando también de falta de acceso a medicamentos. Por ley, en este sistema deben ser dispensados en uno o dos días, y hay demoras de dos semanas o más, y en algunos casos no se entregan en su totalidad. También la normativa dice que las citas con especialidades médicas se deben agendar en veinte días hábiles, y los maestros están recibiendo las citas cuatro, cinco o hasta seis meses después. Lo mismo pasa con la agenda de cirugías”, agrega.
Esta situación ha derivado en diferentes investigaciones. Por ejemplo, el año pasado la Procuraduría General de la Nación abrió varias investigaciones por supuestas irregularidades en la adjudicación de un contrato por más de 51.000 millones de pesos en 2020, mientras que la Contraloría reportó hallazgos fiscales por más de 63.000 millones y un patrimonio negativo por 1,8 billones en el Fomag.
La mayoría de demandas contra Fomag son por incumplimientos en el pago de cesantías.
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Últimos hallazgos de irregularidades
La situación es tan grave que el pasado mes de julio la Contraloría General de la República reportó un total de 4 hallazgos con presunta incidencia fiscal por más de $125.000 millones (exactamente $125.669.655.007) en una Auditoría Financiera practicada al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), sobre la vigencia 2022.
Esto quiere decir que nada más el año pasado se habría perdido ese dinero de la salud de los maestros. El hallazgo fiscal de mayor cuantía corresponde a la inoportunidad en la cancelación de facturas de servicios médicos a los profesores, generando el pago de intereses moratorios por $116.104.030.527 y lesionando el patrimonio público en esta cuantía.
Adicionalmente, en 2022 se evidenció el reconocimiento y pago inoportuno de 5.772 cesantías. Así mismo, se determinó detrimento al patrimonio por el pago en esa misma vigencia de sanciones moratorias por $6.706.249.801, correspondiente a la muestra de sanciones pagadas por pagos inoportunos de cesantías en vigencias anteriores.
Finalmente, por el pago inoportuno de fallos y conciliaciones se cancelaron intereses moratorios por $2.741.036.674, al igual se evidenciaron mayores valores pagados por concepto de pensiones, cesantías y sanciones mora por $118.338.005.
REDACCIÓN EDUCACIÓN