Este miércoles 30 de agosto la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación tiene previsto un paro nacional de 24 horas, en el que el magisterio estará en cese de actividades y participará de marchas en las principales ciudades del país.
Con esto, los maestros inician un nuevo paro que, a diferencia de años anteriores, no es en contra de medidas o anuncios del Gobierno de turno, sino principalmente por dos iniciativas legislativas presentadas recientemente ante el congreso de la república.
Concretamente se trata del Proyecto de Ley No. 192 de 2022 del Senado, radicado por la senadora Paloma Valencia, el cual crea el llamado ‘bono escolar’, así como el Proyecto Ley ‘Por medio del cual se modifica el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, prohibición de la huelga en los servicios públicos esenciales’, radicado por la senadora María Fernanda Cabal, el cual prohibiría eventualmente las marchas y paros de maestros.
En el caso del proyecto de la senadora Valencia, en el que se crea un bono escolar que sería entregado a las familias en condición de vulnerabilidad, pobreza extrema o pobreza moderada, paguen con este los estudios de sus hijos, pudiendo elegir entre colegios públicos y privados, bajo la premisa de garantizar a los menores el acceso a instituciones de mejor calidad educativa.
De acuerdo con Fecode, el objetivo de este proyecto “es esencialmente económico para supeditar la educación pública a las lógicas del mercado, suprimiendo la educación como derecho para convertirlo en una dádiva”.
El sindicato agregó que “adicionalmente constituye un nuevo intento de entregar el presupuesto público a los particulares, revivir el clientelismo, favorecer la corrupción y acentuar los procesos de privatización”.
FECODE convoca un paro, dejando a los niños del sistema público sin colegio. La Constitución es clara al priorizar los derechos de los niños.
Una de sus razones es mi proyecto de Bono Escolar. Que le da el poder a los padres para escoger entre colegio público o privado… pic.twitter.com/790eRPsIU6
— Paloma Valencia L (@PalomaValenciaL) August 23, 2023
Con respecto al proyecto de la senadora Cabal, se trata de una reforma al artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, el cual prohíbe la huelga en la prestación de servicios esenciales. Básicamente, el proyecto busca incluir como esenciales a servicios hasta ahora no contemplados como tal, entre ellos la educación.
De esta forma, las marchas y paros de maestros, así como el cese de actividades del magisterio, serían prohibidos al interrumpir la prestación de los servicios educativos.
Al respecto, Fecode señaló: “Estarían convirtiendo marrulleramente la educación en un servicio esencial, negando la posibilidad de elevarla a derecho fundamental mediante de una ley estatutaria”.
Y añadió: “Además, ordena acabar con las movilizaciones del magisterio y el derecho a la huelga de los trabajadores estatales, consagrados constitucionalmente”.
Una vez más FECODE deja en evidencia que solo les importa su interés personal, por encima del derecho fundamental a la educación de los niños de Colombia.
Por eso impulsamos un proyecto de Ley para proteger la educación de los niños, que no se puede ver interrumpida por paros… pic.twitter.com/728KC9Nwl1
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) August 24, 2023
A esto se suman reclamos que ya son históricos por parte del magisterio, principalmente lo que concierne a la prestación del servicio de salud a los maestros.
Para entender mejor dichas dificultades, es necesario primero entender cómo funciona la salud de los maestros. Al igual que en una empresa privada, los profesores hacen un aporte a su salud y el Gobierno, como su empleador, hace lo propio en los mismos porcentajes establecidos por ley. Dicho dinero cae en una bolsa común: el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), que cuenta con 817.288 afiliados, entre docentes, directivos docentes y sus familiares.
El Fomag es el fondo que reúne no solo los recursos de la salud del magisterio, sino también de las demás prestaciones, como los aportes a pensión y cesantías. La Fiduprevisora, una entidad privada, es la que administra esta bolsa conforme al contrato de fiducia mercantil suscrito con el Gobierno Nacional.
Los docentes se concentran en Bogotá en la calle 72 con carrera 11.
Abel Cárdenas / EL TIEMPO
De acuerdo con Fecode, es en este punto donde radica gran parte de las inconformidades y problemas. Y es que el sindicato en reiteradas oportunidades ha expresado que Fiduprevisora no administra de manera adecuada los recursos. De hecho, en el mencionado paro de 2019, la Contraloría General de la República señaló que habría para esa fecha un presunto detrimento patrimonial en el Fomag por 4,2 billones de pesos.
Según informó Fecode a EL TIEMPO, el déficit acumulado actual en el Fomag asciende a 3,5 billones de pesos.
De esta forma, el sindicato, el Ministerio de Educación y entidades de control han mencionado en diferentes oportunidades demoras por parte de la Fiduprevisora en el pago a las IPS encargadas de la prestación de la salud de los maestros.
“Esto ha generado muchos problemas en el acceso a la salud. Casos de profesores que no pueden agendar citas médicas generales ni de especialidad porque las IPS suspenden su atención por la deuda que se tiene con ellas”, explica el abogado Abelardo Camargo, quien ha sido apoderado de varios docentes quienes han tenido que recurrir a acciones de tutela para ser atendidos.
“Estamos hablando también de falta de acceso a medicamentos. Por ley, en este sistema deben ser dispensados en uno o dos días, y hay demoras de dos semanas o más, y en algunos casos no se entregan en su totalidad. También la normativa dice que las citas con especialidades médicas se deben agendar en veinte días hábiles, y los maestros están recibiendo las citas cuatro, cinco o hasta seis meses después. Lo mismo pasa con la agenda de cirugías”, agrega.
¿Están mal los profesores?
REDACCIÓN EDUCACIÓN