PAE universal, una ambiciosa meta con muchos desafíos

A la fecha, en 76 de las 97 secretarías de educación del país ya iniciaron la entrega de raciones del Programa de Alimentación Escolar (PAE)
, lo que implica que en otras 21 se presentan retrasos pese a que la mayoría de las regiones ya empezaron clases.

Esto implica que
4,7 millones de niños, niñas y adolescentes ya reciben sus alimentos, mientras que unos 1,1 millones todavía se encuentran a la espera de que el programa llegue a sus escuelas
por diferentes problemas en la contratación, según explica a EL TIEMPO la Unidad Especial de alimentación Escolar – Alimentos para Aprender (UApA), entidad encargada de hacer seguimiento a todo lo relacionado con el PAE.
Para Luis Fernando Correa Serna, director de UApA,
esto tiene varias explicaciones: “Cada año es un desafío dado que en los territorios tienen particularidades y se presentan contingencias. Por ejemplo, el bloqueo de la vía Panamericana está afectando el inicio de la operación en el departamento de Nariño; adicionalmente, algunas entidades,
pese a haber publicado sus procesos con anterioridad al inicio del calendario, han tenido que enfrentar procesos desiertos, lo que implica reestructurarlos nuevamente”.

La situación actual es la siguiente: los equipos de Guaviare, Riohacha, Sucre, Vaupés y el caso de Popayán (en donde se presenta suspensión del servicio educativo en la mayoría de las sedes por paro de docentes) anunciaron que sus estudiantes recibirán el PAE a partir de la semana que viene.
Hay otras 12 entidades territoriales que aún no tienen claridad sobre su inicio de operación (Buenaventura, Caquetá, Ciénaga, Lorica, Maicao, Pitalito, Quindío, Santa Marta, Sincelejo, Valledupar, Villavicencio y Yopal).
De las cuatro restantes no se registra información.

Se trata de un problema de vieja data, siendo este desfase entre el calendario escolar y la adjudicación de contratos uno de sus principales desafíos. No se debe desconocer que ha habido avances importantes en los últimos años
(en 2018, apenas 25 entidades territoriales iniciaron oportunamente; en 2019 lo hicieron 42 y en 2022 fueron 67).
Sin embargo, los retrasos siguen siendo importantes y pueden traer graves consecuencias, explica Alejandra Muñoz, líder de análisis de datos de la fundación Empresarios por la Educación.

“Este programa es importante no solo en términos de nutrición, sino que se relaciona con el aprendizaje y la permanencia en el sistema educativo. Por ejemplo, en pandemia, que las instituciones adaptaran el programa para entregarlo en casa se relacionó con que la matrícula se pudo mantener”, dice.

Llevar la ejecución del PAE a estar alineado con el calendario escolar es un enorme desafío para el Gobierno si quiere cumplir con una de las metas establecidas en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, que es su estrategia Hambre Cero, que pretende en primera instancia lograr su universalización
(llegar al menos al 95 por ciento de cobertura en instituciones oficiales, pasando de los 5,8 millones atendidos en 2022 a 7,8 millones para 2026
), y en segunda instancia que se garantice la entrega de alimentos fuera del periodo escolar, es decir, de enero a enero, inclusive durante vacaciones.
El director de la UApA sostuvo que “el presidente Gustavo Petro tiene la convicción de convertir el PAE en un ingrediente clave en la lucha contra el hambre. Por ello, en el Ministerio de Educación Nacional y en la UApA estamos trabajando para que el PAE trascienda las aulas y esté presente fuera del calendario escolar. Lo que denominamos universalidad será un proceso gradual, para lo cual ya se tiene asignado el presupuesto para 2023 por un valor de 1,3 billones de pesos”.

Una meta más que ambiciosa, aseguran expertos, como Muñoz, quien explica que “en las regiones hay muchas brechas en lo que se refiere a cobertura. Hay regiones con cobertura del 99 por ciento (casos como Bogotá y Boyacá), y en otras (como Guaviare, Amazonas, Sucre, Casanare, Tolima, Risaralda, Atlántico, Bolívar y Arauca) es inferior al 50 por ciento. Esto implica un reto muy grande para el Gobierno en términos de priorizar estas zonas del país, sobre todo considerando que se trata de zonas muy complejas, con alta prevalencia de sedes educativas rurales y rurales dispersas, donde la entrega del programa es muy compleja”.

Hoy el programa moviliza diariamente cerca de 6,7 millones de raciones en 43.000 sedes educativas (2.252 toneladas diarias de alimentos).
Llegar a la universalidad implicaría ampliar esta producción aproximadamente en un 35 por ciento.

Por su parte, el analista educativo Ricardo Rodríguez mencionó: “No se trata solo de cobertura, sino de calidad. Una encuesta del Observatorio de Gestión Educativa muestra que el 53 por ciento de los padres considera la calidad del PAE como regular o mala. Hacen falta más controles porque sigue habiendo denuncias de mala calidad de los alimentos y raciones ínfimas. Y el ampliar la cobertura de un programa tan costoso, con tantos intereses económicos de por medio, y con una necesidad logística tan compleja, plantea enormes desafíos respecto a la inocuidad de la alimentación”.

De acuerdo con los mismos cálculos del Gobierno, para lograr estas metas (universalización y entrega de alimentos fuera del calendario escolar)
se requiere de una inversión adicional y sostenida de 1,5 billones de pesos, es decir, duplicar la inversión actual.
Este aumento de recursos se espera que se haga paulatinamente a partir de una adición presupuestal a la UApA con recursos de la reforma tributaria aprobada en el Congreso.

Y es que actualmente se presta el servicio en más de 43.000 sedes en todo el territorio nacional, y para que se pueda garantizar comida caliente en estas sedes se requiere infraestructura en cocinas, servicios públicos y vías de acceso.

También requiere de ajustes en la forma en que funciona el PAE.
El programa en 2022 operó de manera total o parcial en 640 municipios.
Si lo que se busca es llegar a todo el territorio nacional, hará falta descentralizarlo aún más, para que las cocinas y la producción de los alimentos se haga más cerca de las comunidades, reduciendo los problemas causados por la difícil distribución, a menudo causante del mal estado de la comida por las demoras en su entrega.

“En relación con la normativa –explicaron desde la UApA a EL TIEMPO–, es fundamental realizar arreglos que permitan a los departamentos adoptar un rol orientador y de acompañamiento a los municipios, para que estos a su vez adopten el papel de ejecutores del programa. Esto implica modificar el decreto único del sector educación y toda la reglamentación del PAE”.

Tres preguntas aLuis Fernando Correa Serna, director general de UApA

¿Se planea alguna reforma, cambio legal o administrativo para fortalecer el sistema?


Desde las bases del Plan Nacional de Desarrollo, radicado recientemente en el Congreso de la República, se está ajustando la visión del programa como una estrategia que, además de aportar al acceso y permanencia escolar, contribuya a la seguridad alimentaria promoviendo una lucha frontal contra el hambre. Adicionalmente, se trabaja en la reglamentación de la ley 2167 de 2021 que permite la operación del programa a través de las juntas de acción comunal o asociaciones de padres de familia y que da garantía de recursos para la continuidad del programa. Es necesario actualizar el Decreto Único del Sector Educación, con la nueva visión de los diferentes actores del programa.

¿Qué se hará contra la corrupción que por años ha estado presente en el programa?


En primer orden, desde el gobierno nacional debemos seguir capacitando los equipos en la identificación de los riesgos y en el seguimiento de los contratos resultantes de los procesos contractuales del programa. Adicionalmente, rectores, docentes, padres de familia y la comunidad educativa son fundamentales en los procesos de veeduría y vigilancia del programa. Hoy, con el alto número de sedes, el único funcionario público presente en la mayoría de estas sedes es un docente, por lo que su papel, y el de los padres de familias de las comunidades, se hacen esenciales para una veeduría adecuada al programa.

Finalmente, se trabajará más fuerte en la aplicación oportuna por parte de las entidades territoriales de la Ley de Transparencia que otorga cláusulas excepcionales (Art. 51 y 52) y aplicación de la inhabilidad a los operadores por incumplimiento reiterado, esto permite depurar y contar con oferentes idóneos para operar el programa.

¿Precisamente cómo se fortalecerá la contratación de operadores idóneos?


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Tomado de el Tiempo.com