Con la firma del decreto 0846 de 2023, el presidente Gustavo Petro y la ministra de Educación, Aurora Vergara, dieron un importante paso en la anunciada reestructuración del Programa de Alimentación Escolar (PAE) que busca el Gobierno para cumplir con sus objetivos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo.
Se trata de una nueva norma que agrega un componente especial al PAE: ahora el programa podrá ser operado por asociaciones de padres de familia y juntas de acción comunal (JAC).
No es un anuncio menor. De hecho, es un punto que en pasadas oportunidades el presidente Gustavo Petro y el Ministerio de Educación han recalcado como una de sus prioridades. De hecho, el mandatario dijo desde sus primeras alocuciones como jefe de Estado que “el objetivo es lograr que sean las asociaciones de padres de familia quienes tengan bajo su responsabilidad los dineros, la compra de alimentos y su elaboración”.
Esto con el fin de que el programa beneficie económicamente no a grandes consorcios, sino a las mismas comunidades donde opera. Pero también con el fin de superar las irregularidades que en el pasado han sido un lastre para el programa, dado que, en teoría, las mismas comunidades, al ser operadoras, serían las más interesadas en garantizar la inocuidad, integridad y calidad de la alimentación de sus hijos.
Así lo explica a EL TIEMPO Luis Fernando Correa, director de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), entidad encargada de vigilar y hacer seguimiento a la ejecución del PAE en el territorio nacional: “Con esto queremos mejorar la prestación del servicio de alimentación escolar en la ruralidad dispersa y contribuir en el fortalecimiento de la organización comunitaria, lo cual representa mejores condiciones de vida en la Colombia dispersa y profunda”.
Lo mismo expresó el presidente Petro en su cuenta de Twitter: “Queremos que madres, padres, las juntas de acción comunal del barrio y la vereda entren a operar el Plan de Alimentación Escolar (PAE) de los colegios de sus hijos para garantizar más nutrición y cero corrupción”.
Sin embargo, se trata de una medida que no deja de tener sus detractores. Por ejemplo, si precisamente el objetivo es garantizar aumentar la cobertura, pero también mejorar la calidad y reducir la corrupción, ¿cómo se logrará sin operadores con trayectoria y experiencia suficiente para trabajar en un programa tan complejo que, en todo el país, mueve 1,3 billones de pesos (sin contar lo que aportan las alcaldías y gobernaciones)?
Así lo advierte Marcela Pabón, vocera del Comité Transparencia por Santander, en una columna de opinión: “Existe una obligación clara y expresa de las entidades territoriales de prestar el servicio con operadores idóneos, que deben garantizar la calidad en toda la cadena de ejecución. El nuevo enfoque propuesto por el Gobierno deberá responder a los cuestionamientos sobre la idoneidad y la capacidad operativa y administrativa de las JAC y las asociaciones de padres, para el óptimo funcionamiento del programa; así como las medidas de vigilancia y control que deberán desplegar las entidades territoriales para asegurar el cumplimiento de todas las condiciones técnicas, que no son pocas”.
¿Cómo funcionará?
La nueva norma establece que el servicio podrá ser operado por las asociaciones de padres de familia y juntas de acción comunal únicamente en zonas rurales del país, que son precisamente donde hay mayor dificultad para la operación del PAE, dado que se trata de lugares apartados, donde el transporte de alimentos y toda la logística detrás suele ser muy compleja.
Sin embargo, como ya lo expresó el presidente Petro, esto será solo a manera de piloto, dado que el propósito es que la estrategia se expanda posteriormente a zonas rurales, incluidas las grandes ciudades.
Adicionalmente, se dicta que para que una de estas asociaciones pueda hacer la prestación del servicio debe estar bancarizada y contar con la autorización del Fondo de Servicios Educativos del Ministerio de Educación (estas son las cuentas contables de los establecimientos educativos, creadas como un mecanismo de gestión presupuestal y ejecución de recursos para su adecuada administración).
De esta forma, estas organizaciones no solo tendrán la tarea de planear la prestación de servicios con todos los requisitos de ley, incluyendo que el PAE sea entregado durante todo el calendario escolar desde el primer día. También serán los encargados de todo el proceso de contratación, con recursos asignados por la UApA.
El programa beneficia a más de 123.000 estudiantes del Huila.
Gobernación del Huila
Serán elegibles únicamente las asociaciones de padres de familia correspondiente a cada institución educativa, no podrán operar asociaciones de padres de familia de otros establecimientos educativos.
“Serán elegibles únicamente las asociaciones de padres de familia correspondiente a cada institución educativa, no podrán operar asociaciones de padres de familia de otros establecimientos educativos. Esto con el propósito de garantizar el vínculo familiar entre los estudiantes que serán beneficiarios del programa y el operador”, añadió Correa.
Pero, de nuevo, para algunos sectores esto puede ser problemático. Y es que operar el PAE no es solo servir platos de comida en los colegios a cientos de niños. Además involucra capacitación y dotación del personal, garantizar la adquisición de productos alimenticios en óptima calidad, asegurar el transporte, garantizar las condiciones de limpieza, almacenamiento y refrigeración durante toda la cadena, desde la compra hasta que los alimentos son entregados a los estudiantes en los colegios. Todo esto sin contar con el manejo de altas sumas de dinero.
Al respecto, el director de la UApA contestó: “El modelo propone mecanismos diferenciales y pertinentes para abordar los estándares y lineamientos sanitarios y de inocuidad, y plantea estrategias de gestión de riesgo sencillas y sustentadas en las capacidades reales de la comunidad para gestionar y mitigar los peligros derivados de las condiciones de infraestructura y de la operación. Las entidades territoriales continuarán realizando acciones de supervisión a la operación, que garanticen la calidad de los complementos alimenticios suministrados a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes”.
Cabe recordar que desde el segundo semestre del 2022, la UApA inició, junto al Banco Mundial, un piloto con cinco entidades territoriales certificadas en educación para que la prestación del programa sea operada por estas asociaciones de padres y comunitarias.
En la región del Pacífico, estos pilotos se iniciaron en Nariño y Chocó; Córdoba, en representación del Caribe; Guainía, de la Amazonia, y Orinoquia y Huila, de la región Andina, con el fin de establecer las rutas necesarias para la contratación del PAE a través de asociaciones de padres de familia o juntas de acción comunal, así como los diferentes niveles de apropiación y el avance de cada ETC con el procedimiento, de acuerdo con las dinámicas propias de cada territorio en coherencia con las capacidades de los equipos territoriales del PAE. Posterior a ello, y por solicitud propia, las ETC de Arauca y Norte de Santander pidieron ingresar a este piloto.
Otras metas con el PAE
Según los objetivos y planes del gobierno Petro para el cuatrienio, la estrategia del PAE operado por asociaciones de padres va garantizará que la alimentación escolar sea universal, es decir, abarque a la totalidad de los estudiantes.
De acuerdo con el último Informe Operacional de la UApA (Inop), al finalizar el mes de mayo unos 5,6 millones de niños en el país recibían el PAE. Esto quiere decir que hacen falta por recibir alimentación escolar otros dos millones de niños de los 7’696.261 que actualmente están matriculados en colegios oficiales.
Estos menores se ubican principalmente en zonas rurales, donde grandes operadores no logran llegar, por lo que la estrategia de padres de familia podría ser beneficiosa.
A esto se suma otra meta, que se espera sea el siguiente paso: garantizar que el PAE sea entregado todos los días del calendario, abarcando también los periodos de vacaciones. De esta forma, el Gobierno espera pasar de una estrategia de permanencia escolar (se ha comprobado que entregar alimentación reduce los niveles de deserción) a una de lucha contra el hambre.
REDACCIÓN EDUCACIÓN