Desde hace dos años, el Gobierno de Iván Duque, en primer lugar, y ahora de Gustavo Petro, han hablado de la gratuidad en la educación superior. De hecho, la exministra María Victoria Angulo anunció con bombos y platillos a finales de 2021 que esta estrategia se había convertido en una política de Estado.
Hoy, sin embargo, está a un debate de ser ley de la república está el proyecto de , el cual fue aprobado por la comisión sexta del Senado. Se trata de una iniciativa con la que se busca garantizar el acceso a las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas de manera gratuita a personas de estratos 1, 2 y 3. ¿Pero luego no es lo mismo que ya existe? ¿En qué se diferencia la política actual de dicho proyecto?
El proyecto, que surgió tras el estallido social de 2021, ya logró su paso exitoso por comisión y plenaria de Cámara de representantes, y ahora con su aprobación en primer debate de Senado, solo depende de ser discutido en plenaria de esta corporación para pasar a sanción presidencial.
De acuerdo con el senador Álex Flórez Hernández, quien fungió como ponente del proyecto y quien además fue en su momento representante estudiantil ante el Consejo Superior Universitario (Cesu), señaló que más que ampliar el número de cupos, lo que busca la iniciativa es garantizar que quienes ingresen a una carrera universitaria se gradúen. “Cuando un estudiante por algún motivo se retira de las aulas de la educación pública pierde todo el país”, añadió.
El ponente también indicó que “la ley de matrícula cero deberá ser una política de Estado y no de Gobierno. Una iniciativa que sea para siempre”.
¿Luego no hay ya matrícula cero?
La forma en que está estructurada la política actual ha sido cuestionada. Esto se debe a que, inicialmente, durante 2022 efectivamente se garantizó la gratuidad para todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3. Pero a partir de 2023, por como quedó estructurada la norma, el beneficio se limitó en su alcance, por lo cual ya no se cubría a todos los jóvenes de pregrado en estos niveles socioeconómicos, sino solo a aquellos que cumplieran ciertas condiciones, como estar registrados en ciertos niveles del Sisbén.
Esto afectaría a muchos jóvenes, según explicó Hami Gómez, vocero de la Organización Colombiana de Estudiantes (OCE) : “Faltando el cierre de matrículas en muchas instituciones, va a haber una reducción en el número de beneficiados de esta política, porque cambiaron los requisitos para acceder, basados en los grupos A, B y C del Sisbén VI, o sea, ya no es para todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, sino solo los sisbenizados. Esto va a aumentar las barreras de acceso y la deserción estudiantil”.
Precisamente, sostiene Gómez, esta es una d los motivos que ha impulsado las recientes manifestaciones, cada vez más frecuentes, de grupos estudiantiles en diferentes partes del país.
A estos reparos, se suman los de Jairo Torres, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del Sistema Estatal Universitario, la organización que agrupa a todas las universidades públicas del país.
En diálogo con EL TIEMPO, Torres aseguró que “la política de gratuidad del Gobierno tiene algunos problemas. Primero, que no es gratuidad de la educación pública, sino solo de la matrícula. No contempla otros costos universitarios, como los derechos de grado o los costos de inscripción”.
Al respecto, el proyecto de ley en curso establece que el Estado debe garantizar la gratuidad para todos los estudiantes de estratos 1, 2 y 3, pero también que estos recursos garanticen la cobertura de todos los gastos asociados.
Pero para el presidente del SUE, existe otra problemática: “Como política social, la gratuidad es un beneficio para los estudiantes, pero no contempla los profundos problemas de financiación del sistema. Simplemente el dinero que paga el estudiante pasa a ser pagado por el Estado, no hay recursos adicionales para la educación pública, por lo que se sigue manteniendo el mismo desfinanciamiento estructural que se viene acumulando desde hace 30 años”.
Mal estado de las instalaciones de la Universidad Pedagógica.
Universidad Pedagógica
Lo que Torres menciona es precisamente el que tal vez es hoy la principal problemática de las universidades públicas. Y es que si el Gobierno garantiza cubrir los gastos de los estudiantes, las universidades continúan recibiendo los mismos recursos, con los que de por sí se les dificulta ya hacer inversiones en aseguramiento de calidad, de infraestructura (como ya quedó evidenciado con el caso de las lamentables instalaciones de la Universidad Pedagógica Nacional).
“Pero tampoco es una política que permita que más gente estudie, no incrementa los cupos en las universidades. Simplemente cambia el que paga los costos de los cupos ya existentes”, sostiene Ricardo Rodríguez, analista experto en educación superior.
Con esto en mente, el proyecto de ley pretende solucionar al menos dos problemas de la política actual: que efectivamente sí cubra a toda la población de estratos 1, 2 y 3; y que la gratuidad sí sea total, cubriendo los costos adicionales en los que puede incurrir un estudiante.
Pero en lo que respecta a recursos adicionales para las universidades, para cubrir su desfinanciamiento, y a la creación de nuevos cupos (que según el Plan Nacional de Desarrollo, la apuesta del Gobierno es incrementarlos en 500.000), gran parte de esto vendría de la reforma a la Ley 30 de 1992, que establece los montos que asigna año a año el Estado a las universidades públicas, y que muchos señalan de ser responsable de la delicada situación económica del sector.
Esta reforma es una de las grandes promesas del gobierno Petro para el sector. Se tenía previsto que dicha propuesta se radicara en el Congreso este semestre, pero hasta el momento no hay luces de si esto se dará en los tiempos estimados.
No alcanzaría la plata
Pero si bien el proyecto de Matrícula Cero podría ser usado por el Ministerio de Educación como mecanismo legal para sanear muchos de los problemas de la política actual de gratuidad, es importante mencionar que su cumplimiento puede no ser tan sencillo.
Y en este punto vale destacar un concepto técnico emitido por el Ministerio de Hacienda a propósito de dicha iniciativa, según el cual no habría la capacidad financiera para que el Estado pueda dar los recursos necesarios.
Y es que, según la cartera, harían falta al menos unos 1,4 billones de pesos para hacer de la gratuidad en dichas condiciones una realidad.
Esto sería problemático para un sector que, al menos en el anteproyecto del Presupuesto General de la Nación de 2024, destinaría el 92,7 por ciento de sus 60,49 por ciento de la asignación presupuestal para funcionamiento, reduciendo los recursos de inversión del 11,5 al 7,3 por ciento.
REDACCIÓN EDUCACIÓN