La difícil situación de orden público que se vive en las regiones del Bajo Cauca, Nordeste Antioqueño y el Sur de Córdoba ha dejado sin estudiar a un total de 105.337 niños, niñas y adolescentes, según informó el Ministerio de Educación.
En total son 17 municipios los que se han visto afectados en su normalidad académica en esta zona, lo cual ha causado traumatismos en 823 sedes educativas. Ante esta situación, las Secretarías de Educación Departamentales han adelantado acciones que buscan proteger la integridad de la comunidad educativa y garantizar la prestación del servicio educativo, sin embargo, la continuación de los bloqueos, actos vandálicos y enfrentamientos han dificultado el proceso.
El Mineducación informó que también se presentan afectaciones en sedes universitarias de la región, las cuales se encuentran actualmente en periodos de matrícula, generando afectaciones a miles de estudiantes, especialmente, a los de los pueblos indígenas del Zenú y de las zonas rurales del Bajo Cauca, Nordeste y Buriticá quienes aún no han logrado matricularse.
Por otra parte, la Universidad Nacional Abierta y a Distancia ha reportado complejidades en la realización de los componentes prácticos presenciales, lo que afecta significativamente el proceso formativo de las y los educandos.
Se deberá considerar las acciones más adecuadas para garantizar la continuidad del calendario académico
“El Ministerio de Educación Nacional solicita de manera expresa a los manifestantes no impedir el derecho a la libre educación en condiciones dignas para toda la población. Se pide también permitir el acceso de manera oportuna a los beneficios educativos, entre ellos a los del Programa de Alimentación Escolar (PAE), seriamente perjudicados por el cierre y bloqueo de vías”, señaló la entidad por medio de un comunicado.
Y agregó: “Se insta a las Secretarías de Educación y a las Instituciones de Educación Superior a activar el Plan Territorial para la Gestión del Riesgo Educativo, herramienta que orienta sobre las acciones a implementar en escenarios de riesgo, teniendo en cuenta las particularidades de la región. Para cumplir este propósito, se deberá evaluar el nivel de la afectación a la prestación del servicio, activar o continuar con las estrategias para la educación en emergencias y considerar las acciones más adecuadas para garantizar la continuidad del calendario académico“.
Así mismo, el Ministerio señaló que la educación es un derecho fundamental y que las situaciones que vulneran este derecho deben ser “repudiadas y denunciadas. Esta cartera llama al respeto de la comunidad y al derecho a retomar la presencialidad académica con todas las garantías”.
REDACCIÓN EDUCACIÓN