Los rectores de las las universidades de Los Andes (Raquel Bernal), la Pontificia Universidad Javeriana (Luis Fernando Múnera) y La Sabana (Rolando Roncancio Rachid) de Bogotá y la Universidad EAFIT ( Claudia Restrepo Montoya) de Medellín hicieron un llamado al Gobierno Nacional y al Congreso de la República para que se modifiquen algunos elementos del proyecto de Ley estatutaria que radicará el Ministerio de Educación este martes 12 de septiembre.
De acuerdo con los rectores de las instituciones, es necesario hacer ajustes “para lograr un sistema de educación pluralista, moderno, incluyente, equitativo, pertinente y sostenible que dé respuesta a los grandes desafíos que tenemos y garantice el acceso progresivo de todas las personas a una educación con calidad”.
El proyecto de ley estatutaria en mención busca establecer y reglamentar a la educación, en todos sus niveles (incluida la educación superior), como un derecho fundamental, y establece plazos para que el Gobierno cumpla con esta garantía.
Ante esto, las instituciones sostienen que “las versiones de proyecto de ley estatutaria que ha presentado el Gobierno Nacional, de manera previa a su radicación en el Congreso de la República el próximo 12 de septiembre, no incorporan con suficiencia elementos determinantes para la consolidación de un sistema de educación pluralista, moderno, incluyente y sostenible. Tampoco establecen los mecanismos para garantizar el derecho a la educación en un entorno cambiante”.
Así las cosas, la principal inquietud por parte de estas cuatro universidades privadas (de las más grandes e importantes del país), tiene que ver con la protección del sistema mixto de educación superior, compuesto tanto por instituciones públicas como privadas.
“Invitamos a proteger un sistema mixto de educación en el que actores públicos, privados y mixtos podamos seguir aportándole a la transformación del país como lo hemos venido haciendo”, se lee en el comunicado.
Y es que para estos centros educativos, el articulado conocido hasta el momento, si bien reconoce que la prestación del servicio educativo es de públicos, privados y mixtos, se requiere ofrecer garantías a estos actores, y establecer mecanismos que permitan fortalecer todo el sistema y no solo a las instituciones de carácter oficial.
De igual forma, sostienen que en el caso de la educación posmedia (la que se da después de finalizar el bachillerato), es importante reconocerla también como un derecho fundamental, ya que esta incluye otro tipo de formación más allá de la que dan las universidades y las instituciones técnicas y tecnológicas.
En ese orden de ideas, otra de las preocupaciones de los rectores tiene que ver con la financiación del sector, así como los mecanismos de ayuda a los estudiantes. “El fortalecimiento de la financiación debe estar orientado a que cada persona pueda desarrollar su trayectoria formativa en cualquiera de las vías de formación del sistema, sea en instituciones públicas, privadas o mixtas”, dice el texto.
Y añade: “No será posible mejorar la equidad en ausencia de un esquema combinado de recursos públicos y privados que se destinen de manera eficiente con base en una focalización inteligente. Un sistema integral de financiamiento permite la óptima distribución de los recursos financieros y operativos para apalancar las metas que materializan la garantía del derecho a la educación”.
Finalmente, consideran que hace falta reforzar el componente de la calidad de la educación dentro del articulado. “Mayor acceso a educación, pero sin calidad es una promesa de equidad que incumpliremos. La infraestructura física es una condición necesaria para la calidad educativa, pero no es suficiente y definitivamente no es lo único. Es necesario fortalecer los sistemas internos de aseguramiento de la calidad de las instituciones”.
REDACCIÓN EDUCACIÓN