Queda exactamente una semana para que se radique el 20 de julio, en el inicio de las sesiones legislativas, en el país. Sin embargo, es poco lo que se conoce respecto al contenido de dicha iniciativa, que inició como un intento de salvar financieramente a las universidades públicas de su déficit y que, ahora, va por una reforma integral que tocaría diferentes aspectos fundamentales del sector.
Pese a ello, por medio de sus intervenciones, la ministra de Educación, Aurora Vergara, ha dejado ver algunos de los puntos que se han discutido y que estarían incluidos en el documento que será presentado. A esto se suma lo que han relevado rectores y otros agentes del sector que han participado de las conversaciones.
De esta forma, el proyecto, que sería presentado inicialmente en la comisión sexta de la Cámara de Representantes (donde se tramitan temas educativos), que, según la ministra, sería dado a conocer el lunes 17 de julio.
Así las cosas, esto es lo que se conoce, de momento, sobre el contenido de la reforma a la Ley 30, teniendo en cuenta lo dicho por el Gobierno y lo que ha salido de las reuniones para la estructuración del texto:
Financiación de las universidades públicas
Este es el punto principal de la reforma, el que, de hecho, la impulsó y que ha sido un reclamo del movimiento estudiantil, profesores y rectores desde hace años. Y es que actualmente las universidades públicas arrastran con un déficit presupuestal que se estima en 18 billones de pesos, según cálculos del Sistema Universitario Estatal (SUE).
Esto debido a que anualmente los incrementos del presupuesto que asigna la Nación a las universidades se tasan en el Índice de Precios al Consumidor (IPC, la inflación), como está establecido en los artículos 86 y 87 de la Ley 30. Sin embargo, los gastos de estas instituciones suelen ser, en promedio, cinco puntos porcentuales. Por poner un ejemplo, en un año en que la inflación fue del 3 por ciento, los costos universitarios se incrementaron en realidad un 8 por ciento.
Todo esto ha traído una delicada situación financiera en las universidades, que muchas veces a mitad de año ya gastaron toda su asignación presupuestal anual.
Para solucionar eso, la propuesta de los rectores (que además está ya consignada en un proyecto de ley que ya avanza en el Congreso) es que la base presupuestal se incremente anualmente de acuerdo con el Índice de Costos Universitarios del Dane.
Cambiar este modelo de financiación ha sido un gran consenso en las conversaciones con todos los actores, pero el cómo va a ser el cálculo que se plantee en la reforma, aún no está del todo claro, dado que, al ser un tema de dinero, se debe garantizar que existan los recursos para sostener dicho incremento.
Educación como derecho
De acuerdo con declaraciones de la ministra Vergara, “uno de los ejes principales tiene que ver con el carácter de la educación. Es un aspecto común en toda la deliberación que esta reforma integral a la Ley 30 ponga la visión de la educación de un servicio, como dice la norma actual, a un derecho fundamental. Este es el principal eje de deliberación”.
Y es el artículo 2 de la Ley 30 establece textualmente que “la educación superior es un servicio público cultural, inherente a la finalidad social del Estado”. La idea es entonces que pase a ser considerado un derecho, lo que implicaría una responsabilidad mayor del Estado para garantizarlo.
Sin embargo, hacer este cambio, también podría implicar que el trámite de la reforma sea otro. Así lo explicó a EL TIEMPO Edgar Varela, rector de la Universidad del Valle: “Como se le quiere dar un carácter de derecho fundamental, abogados que nos han asesorado nos dicen que el proyecto no debería ser de ley ordinaria sino de ley estatutaria, una reforma de carácter constitucional, lo cual alargaría los tiempos de discusión”.
Con esto, sostiene el rector y otros expertos consultados, si el Gobierno cataloga en el proyecto a la educación superior como derecho fundamental, pero tramita una ley ordinaria, esto podría dar paso a demandas por inconstitucionalidad.
Bienestar universitario
“El segundo eje principal de la reforma tiene que ver con el bienestar universitario, una preocupación de los estudiantes, quienes plantean que es fundamental”, aseguró la ministra Vergara.
Una vez más, sin conocerse el texto final, en las reuniones, consejos comunitarios y encuentros con estudiantes, se ha hablado de dignificar la comunidad educativa, crear un sistema nacional de restaurantes universitarios, reactivar las residencias universitarias, acompañamiento a la salud mental, tarifas de transporte diferenciales para estudiantes, guarderías para los hijos de los alumnos, entre otros.
Cogobierno universitario
Uno de los puntos más polémicos en el que han insistido la mayor parte de los miembros del movimiento estudiantil. Esto implicaría que los consejos superiores de las universidades tengan menor porcentaje de miembros del gobierno y más representantes de estudiantes, egresados y profesores.
Pero también se ha llegado a proponer que haya elección directa, por votación de estudiantes y profesores, de los rectores de las instituciones de educación superior.
De acuerdo con Varela, “si bien no nos cerramos a hacer cambios en los gobiernos universitarios, hay cosas que podrían llegar a ser inconstitucionales, pasando por encima de la autonomía universitaria (las universidades deben ser autónomas en cuanto a la conformación de sus órganos de gobierno), lo cual podría tumbarse en la Corte Constitucional”.
Sistema de aseguramiento de la calidad
Este ha sido un llamado de rectores de universidades públicas y privadas. Y es que actualmente el sistema es considerado arcaico, lento y que ha sido una camisa de fuerza para las instituciones, como lo explica Claudia Restrepo, rectora de Eafit: “La sociedad nos está pidiendo flexibilidad, rapidez, conexión con los problemas concretos, responder rápidamente a las necesidades que los jóvenes tienen, ser más algorítmicos. Los pelados básicamente se imaginan más la educación como un Spotify o un Netflix, que como una cosa estandarizada, y eso no lo permite el sistema actual”.
Al respecto, la ministra señaló: “Respecto al sistema de aseguramiento de la calidad, los documentos que recibimos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) plantean que se pueda reformar la manera en que se estructura este sistema, redefinir lo que entendemos por calidad y cómo aseguramos que la educación que reciben los jóvenes sea pertinente”.
EL TIEMPO habló con diferentes rectores, quienes sostienen que esperan tiempos menores para la aprobación de creación y renovación de registros calificados (los programas académicos), así como modificaciones en la forma en que se accede a una certificación de alta calidad.
Fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica
Por temas de costos, pero también de cobertura y capacitar a personal para el trabajo, la formación técnica y tecnológica recibiría un empujón.
Aumento de cobertura
Todas estas medidas van encaminadas a cumplir con la ambiciosa meta del Gobierno de Gustavo Petro de aumentar en 500.000 los cupos universitarios. Así las cosas, se espera que el articulado incluya puntos específicos que tengan que ver, por ejemplo, con la creación de nuevas sedes universitarias en las regiones con las tasas de cobertura más bajas, o con la reglamentación de la matrícula cero (cuya ley fue aprobada este año).
Otros aspectos que se podrían incluir
En total son 15 ejes diferentes que el Ministerio de Educación ha recopilado. Algunas de las propuestas pasan por que el Icfes ofrezca a los colegios estatales programas Pre-Universitarios o la ansiada transformación del Icetex.
En este último punto, vale decir que es posible que no se incluya en la reforma, dado que, lo que ha expresado Mauricio Toro, presidente del Icetex, es que se trabaja en un proyecto de ley independiente para reformar al Icetex, el cual sería presentado en agosto.
REDACCIÓN EDUCACIÓN