, luego de una gestión que fue cuestionada, entre otras cosas, por su falta de experiencia en niñez, así como por polémicos nombramientos, quien asumió en el cargo fue Astrid Cáceres, quien hasta el momento era la subdirectora general de la entidad.
Su nombramiento, en cambio, sí fue bien recibido al contar con experiencia en cargos administrativos relacionados con la niñez. Pero sus primeros meses no han estado libres de señalamientos a su gestión.
Y es que en los últimos días el Instituto Nacional de Salud reportó que en lo corrido del año un total de 22 niños han muerto por desnutrición en La Guajira. Un problema que, año a año, persiste pese a las constantes alertas. A esto se suman los casos de violencia sexual contra niños bajo el cuidado de la entidad, así como irregularidades en la gestión de operadores del ICBF.
Ante esto, en entrevista con EL TIEMPO, Cáceres habló de falencias en la articulación entre la entidad y el sistema de salud en la atención a estos menores, así como de las irregularidades que persisten con algunos operadores. También se refirió a las metas plasmadas en el Plan Nacional de Desarrollo.
Antes de su llegada al ICBF, la entidad pasó muchos cuestionamientos. ¿Cómo fue recibir una instrucción en estas condiciones?
Hay una paradoja ahí. Por un lado, siento que había una urgente necesidad de que el ICBF empezara a responder a un programa de gobierno que habíamos planteado, del que formé parte en su elaboración, y veíamos con preocupación que no se empezaba a ejecutar. Pero también recibo un ICBF que tiene una planeación, un presupuesto que no corresponde a esas nuevas apuestas, por lo que tenemos, sobre la marcha, empezar a hacer los ajustes.
¿Cuáles son sus grandes apuestas como directora del ICBF?
La manera como está concebida la estrategia de trabajo con la niñez tiene que ver con un escenario de guerra constante que ha vivido el país. Sentimos que los niños y las niñas son la franja más débil que recibe tanto la pobreza como la guerra. Por eso todo el programa de niñez se llama ‘Crece una generación en paz’. Tratamos de apostar sobre todo a que el recurso llegue a aquellos municipios, aquellas zonas donde la guerra ha sido más dura con los niños, donde la pobreza está más álgida.
El Instituto Nacional de Salud reportó de 22 muertes de menores por desnutrición en La Guajira este año. ¿Qué está pasando?
Lo que pasa en La Guajira es que entre el trabajo que hacemos en protección, y el proceso de atención, que tienen que hacerlo las EPS, hay un quiebre muy grande y se están perdiendo vidas
Esos reportes están asociados con un ejercicio para rastrear que cada niño sea atendido realmente por la EPS, que sea recuperado y que ingrese a los programas de ICBF y no se nos pierda en el camino. Lo que pasa en La Guajira es que entre el trabajo que hacemos en protección, y el proceso de atención, que tienen que hacerlo las EPS, hay un quiebre muy grande y se están perdiendo vidas. Por medio de un comité intersectorial se vienen dando algunos resultados, ya llevamos más de una semana en la que hemos logrado que por lo menos se detenga la situación.
Las muertes pasan desde hace años. ¿Por qué se siguen muriendo los niños?
La gestión de cada municipio es casi más grande que incluso la de departamentos, pero tienen unos presupuestos de municipios de sexta categoría. Poder alcanzar la cobertura en esas condiciones, con dificultades de transporte, es complejo. El ICBF ha cometido algunos errores al tercerizar la operación, porque los operadores son los que concertan con la comunidad y al final no hay control. Queremos ser nosotros quienes concerten esos procesos con las comunidades.
¿Qué va a hacer para revertir la situación?
Astrid Cáceres, directora del ICBF
Sergio Acero. EL TIEMPO
Nos hemos comprometido con la nación Wayú en la instalación de una Comisión de la Verdad para saber exactamente qué es lo que ocurre con la muerte de los niños, porque ha sido sistemática, estructural y sigue siendo la cifra más alta del país. La otra es una comisión científica que nos acompañe en el análisis de qué es lo que pasa en el primer año de vida de los niños (que es la edad con más muertes). Tercero, trabajar con centros comunitarios de recuperación nutricional.
¿El ICBF tiene realmente la capacidad para poder ofrecer los servicios sin la intermediación de operadores?
No tenemos la capacidad para hacerlo de un momento a otro. El ICBF lleva muchos años manejándose a través de operadores y no podemos cambiarlo de un momento a otro. Sin embargo, al ser un servicio del Estado, así sea ejecutado por un tercero, podemos entrar a intervenir. Como se venía manejando pareciera que se contrató y hasta ahí le corresponde al ICBF. Nos corresponde entrar e iniciar con operaciones mixtas en las que podamos tener control de esas unidades de servicio. Hay varias figuras que estamos ensayando.
¿Cuántos operadores han sido sancionados por irregularidades?
El ICBF ha cometido algunos errores al tercerizar la operación, porque los operadores son los que concertan con la comunidad y al final no hay control.
Durante 2022 se abrieron 57 procesos sancionatorios contra operadores por irregularidades en la contratación o en la prestación del servicio en el país. En lo corrido del año van 16 procesos abiertos. Las regiones con más procesos son Bogotá, Cundinamarca y La Guajira. Y es que al llegar al instituto encontramos que los procesos estaban estancados. Hemos presentado una ruta mucho más corta para empezar a evacuarlos.
¿Existe una salida a estas irregularidades y los casos de corrupción?
Fortalecer la denuncia y atender la denuncia creo que es una parte. Pero lo otro es cambiar los modelos financieros con que contratamos a los operadores. Si bien todavía tenemos una tercerización que tenemos que mantener de alguna manera en algunas regiones y que hay organizaciones que lo hacen muy bien, si no cambiamos el modelo financiero con que contratamos, lo que hacemos es alimentar un poco la idea de negocio con los niños y las niñas. Ese modelo hay que cambiarlo, los niños no son negocio.
¿Qué tan grave estamos en violencia contra la niñez?
En 2022 se registraron 54.872 aperturas de procesos administrativos de restablecimiento de derechos. Con corte a febrero de 2023, van este año 7.399.
Sigue siendo un tema grave. En 2022 se registraron 54.872 aperturas de procesos administrativos de restablecimiento de derechos. Con corte a febrero de 2023, van este año 7.399, una leve reducción con el mismo periodo del año pasado, cuando fueron 8.345, pero no deja de ser un número alto.
¿De eso, qué es lo más preocupante?
En este momento es sin duda el conflicto armado, el reclutamiento forzado, que hoy es prioridad en 294 municipios, donde debemos llegar con estrategias integrales.
En el Plan de Desarrollo, ustedes tienen ciertos puntos clave. ¿Cómo lograr la meta de universalización de la atención a la primera infancia?
Esa meta en realidad es para lograrla por partes. Pensamos en una universalidad progresiva y territorializada. Es decir, que el país empiece a cumplirle al grueso de niños que tienen en los municipios más pequeños y más olvidados y con más indicadores de violencia para los niños. En este Gobierno podríamos cumplir con 400 municipios para garantizar a esa primera infancia una ruta integral de atención.
Algunas organizaciones civiles dicen que la niñez no es prioridad en el Gobierno…
Con esas organizaciones hemos conversado, tienen una preocupación incidente, por decirlo así. Sabemos la importancia que tiene un Plan Nacional de Desarrollo y queremos que todo quede plasmado ahí, que todo esté ahí. Sin embargo, comparto la idea con DNP de que los anteriores gobiernos han puesto muchísimas metas, pero al final no las han cumplido. Tenemos que ser estratégicos en ese PND. La preocupación legítima de las organizaciones es muy importante. Creo que PND tiene una capacidad limitada para albergar todas las propuestas, pero eso no quiere decir que no las tengamos o que no estén en el mapa de acción.
¿Cuáles pecados que ha cometido el ICBF?
Yo creo que el ICBF ha tecnificada una máquina para subcontratar la garantía de derechos de los niños. Nosotros necesitamos invertir esa relación entre gastarse el 80 por ciento de su tarea en la administración, contratación y contratación el rol de recursos y solo el 20 por ciento en garantía de derechos. Cambiar esa lógica implica casi que enseñarle a imaginar a los funcionarios que puede haber formas de atender a los niños, con calidad y con recursos públicos. Yo siento que el ICBF está lejos de las comunidades, no las ha escuchado, no ha incorporado sus voces, no ha mirado territorialmente las problemáticas.
REDACCIÓN EDUCACIÓN
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