Las apuestas y deudas del Plan Nacional de Desarrollo con los niños y niñas

Durante la discusión del Plan Nacional de Desarrollo (PND), radicado en los últimos días en el Congreso de la República, se espera que varios temas se tomen la agenda.
Pero hay uno especialmente sensible y cuyos defensores están en una campaña por hacer notar, dado que en años anteriores se ha visto opacado en la agenda. Se trata de la niñez, la infancia.

Y es que, si bien el PND aborda temas fundamentales en materia de presupuesto, modelo económico, ayudas sociales, entre otros, los activistas en defensa de los derechos de la niñez advierten que la infancia es constitucionalmente corresponsabilidad de todos los actores de la sociedad, y, además, la misma carta magna establece que sus derechos tienen prevalencia.

De ahí que lo que ocurra con los menores de edad, así como las políticas públicas, metas y programas sociales enfocados en esta población, cobran especial relevancia, según sostiene Constanza Jerez, coordinadora de la coalición NiñezYA: “Es imperativo que el Plan Nacional de Desarrollo lleve a la práctica las políticas hacia los niños, niñas y adolescentes con acciones, recursos y articulación con diversos sectores. En las discusiones que se llevarán en el Congreso la niñez debe prevalecer”.

Precisamente NiñezYa es una de las organizaciones que ha estado al frente de la tarea de estudiar y analizar el contenido del PND con una mirada hacia los más pequeños. Esta coalición, que reúne a más de 200 organizaciones sociales de gran reconocimiento en todo el país, el pasado 6 de febrero, día en que el proyecto de ley se radicó, publicó una serie de peticiones y recomendaciones sobre el documento.
Y es que el PND, desde sus bases, que fueron presentadas previamente, incluye varios puntos relacionados con este sector de la población, principalmente en lo que tiene que ver con educación.

Pero más allá de eso, entre lo que más destaca en las bases del proyecto es que se espera avanzar de manera progresiva en la universalización de la atención integral a la primera infancia, esto por medio de una priorización en las regiones, que es donde se evidencian brechas más grandes.

De esta forma, la meta del Gobierno es pasar de 1,9 millones de niñas y niños de 0 a 5 años atendidos con educación inicial en el marco de la atención integral a 2,7 millones. Se pretende que esta atención giren en torno no solo al desarrollo académico, sino también en música, arte y oralidad.

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Con respecto a temas de nutrición,
el artículo 172 del proyecto contempla la creación de un Sistema Nacional de Seguimiento y Monitoreo para la Superación de la Malnutrición, que sería encabezado por el por el Ministerio de la Igualdad y Equidad.

La idea con este sistema es que permita identificar y monitorear la malnutrición en madres gestantes, niños, niñas y adolescentes, por medio de un cruce de datos entre diferentes instituciones que tienen algún tipo de incidencia en este tema.

De esta forma, se espera hacer seguimiento a los programas sociales de alimentación, y se tomarán decisiones de modificarlos o crear nuevos. “La Nación asignará los recursos para las transferencias referidas en el presente artículo de acuerdo con las disponibilidades presupuestales”, se lee en el texto.

Ante esto, Paula Escobar, directora ejecutiva de la Fundación Éxito, organización que desde hace años ha hecho seguimiento a los problemas de nutrición, pidió que el articulado incorpore metas claras: “Los diferentes indicadores en salud y nutrición muestran los riesgos en los que están los niños y niñas. Esta población debe ser priorizada. Sugerimos dar acceso real y efectivo a servicios de nutrición a madres gestantes, niños, niñas y adolescentes con riesgo. Esto debe verse reflejado en el Plan con la meta de que en 2026 la prevalencia de retraso en talla en menores de 5 años disminuya del 10,8 al 6,5 por ciento”.

Entre otros temas, llama la atención el aumento de presupuesto y optimización de recursos para acciones relacionadas con la niñez, esto por medio de la consolidación del Sistema Nacional de Bienestar Familiar y del gasto público para el sector.

Importante, según sostienen los expertos consultados por EL TIEMPO, que se establezca en el artículo 110 que los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en proceso administrativo para el restablecimiento de sus derechos bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), así como aquellos desvinculados del conflicto armado,


Las organizaciones en defensa de los niños también destacan que se haya hecho énfasis en los enfoques diferenciales, el desarrollo de capacidades de funcionarios públicos a cargo de la garantía de derechos de la niñez, que el texto cuenta con un capítulo de infancia feliz y protegida, la creación del Sistema Nacional de Cuidado en la planeación del ordenamiento territorial, que incorpore acciones para mejorar la calidad y el acceso a los sistemas de salud, así como para remediar los diferentes impactos de la pandemia.
Pese a que el documento menciona diferentes compromisos en la protección de derechos de los niños, fortaleciendo por ejemplo acciones de resolución de conflictos o mencionando esfuerzos en prevención de violencias y trabajo infantil, el texto presentado ante el Congreso descuida algunos pedidos por parte de NiñezYa.

Por ejemplo, salvo en temas de atención integral a primera infancia, el articulado carece de metas concretas en los diferentes objetivos relacionados con la garantía de los derechos de la niñez. No solo, como se dijo antes en temas de nutrición, sino en reducción de las tasas de violencia contra los niños, por dar un ejemplo.

De igual forma, a pesar de hablar de un fortalecimiento económico al Sistema Nacional de Bienestar Familiar, no se presenta una desagregación presupuestal o fuentes de recursos definidas para las estrategias dirigidas a la niñez, por lo que no se conoce de dónde saldrá el dinero para los nuevos programas y políticas.



Tomado de el Tiempo.com