El anteproyecto del Presupuesto General de la Nación de 2024 que el Ministerio de Hacienda presentó ante el Congreso de la República tiene como protagonista a la Educación, siendo este el sector que mayor tajada se lleva con 60,49 billones de pesos. No son números menores, ya que esto representa nada más y nada menos que el 13,9 por ciento del presupuesto del año entrante.
A priori, superar la barrera de los 60 billones, con un incremento anual de 6 billones de pesos, parece una mejora sustancial. Pese a ello, una mirada más en detalle de los números muestra que, en lo que contempla Minhacienca, los recursos para inversión en lugar de subir, por el contrario, disminuirían de aprobarse el texto como fue presentado.
Y es que 56,1 billones del sector estarían dirigidos nada más a gastos de funcionamiento, mientras que apenas 4,4 billones se destinarían a inversión. Este rubro muestra una reducción comparados con los 5,6 que se asignaron a esto para 2023.
“Esto nos muestra que, pese a tener más dinero en la asignación presupuestal, hay un retroceso en la inversión. Pasamos de 88,5 por ciento de funcionamiento y 11,5 por ciento de inversión este año a una proporción de 92,7 por ciento y 7,3 por ciento”, explica el analista Ricardo Rodríguez.
Lo anterior muestra la participación de la inversión en educación más baja en al menos seis años, lo cual, de acuerdo con los expertos consultados por EL TIEMPO, resulta preocupante en especial con los grandes retos planteados en el Plan Nacional de Desarrollo para el sector Educativo.
Pasamos de 88,5 % de funcionamiento y 11,5 % de inversión este año a una proporción de 92,7 % y 7,3 %.
“Empezando por la meta de 500.000 nuevos cupos en educación superior, claramente se necesita voltear la mirada a invertir. En otros países con sistemas educativos más saludables financieramente, el funcionamiento no es el 90 ni el 80 por ciento, de hecho se acerca al 70 por ciento, lo que da un amplio margen para destinar recursos a nuevas políticas, infraestructura, ampliación de coberturas, temas de calidad, entre otros”, sostiene Rodríguez.
Y es que nada más esos 500.000 nuevos cupos requieren de más maestros, nueva infraestructura y sedes universitarias (como las prometidas por el presidente Gustavo Petro en Catatumbo, Bajo Cauca, Putumayo, entre otras regiones).
Esto sin contar otras metas de gran envergadura como la universalización del Programa de Alimentación Escolar (PAE), de la educación inicial o la recuperación de los aprendizajes perdidos en la pandemia.
Sin embargo, hay algo que no se puede obviar: los costos de la educación este año se incrementaron considerablemente por cuenta de la elevada inflación, lo cual afectó también, por ejemplo, incrementos en los salarios de los casi 400.000 docentes del país, así como de los demás gastos de operación en colegios, universidades, y demás programas de Mineducación, lo cual explicaría por qué se requiere más dinero para funcionamiento.
Es importante señalar que lo presentado por Hacienda es un anteproyecto, del cual se espera en un futuro conocer modificaciones importantes, con las que el sector pretende captar nuevos recursos.
¿Habrá más recursos para inversión de educación?
La ministra de Educación, Aurora Vergara, se ha comprometido en las reformas a la Ley 30 y al Sistema General de Participaciones.
Por lo general, los primeros borradores del PGN representan números menores a los finales, aunque todos los demás sectores compiten por los recursos adicionales que se vayan incorporando.
Ahora bien, Educación tiene entre sus planes sacar adelante dos proyectos de ley que, más allá de lo planteado por el PGN, permitirían que, por obligación, la Nación aumente la bolsa para el sector de manera permanente.
La primera, y tal vez la más mediática, se trata de la reforma a la Ley 30 de 1992, que consiste en las transferencias de la nación a las universidades públicas, que actualmente tienen un déficit fiscal elevado porque dicha norma establece los incrementos anuales a las instituciones tasados en el IPC, mientras que los costos universitarios son más altos.
De acuerdo con el Ministerio de Educación, esta reforma se presentaría en el primer semestre de este año. No obstante, de momento no se conoce siquiera un borrador de esta propuesta.
La segunda reforma es al Sistema General de Participaciones (SGP), menos mediática pero mucho más potente a la hora de atraer recursos. Se trata de una enorme bolsa de dinero que destina la Nación para educación, salud y saneamiento básico.
Este sistema es muy importante porque para 2024 el SGP daría 37,18 de los 60,49 billones de pesos del presupuesto educativo, el 61,5 por ciento, una participación que se ha mantenido y que, pese a ello, no ha permitido al sector sanear el déficit de alrededor de 2 billones de pesos que presenta.
La reforma del SGP vendría en el segundo semestre del año y, también, dependería del futuro de la reforma a la salud, dado que este sector requeriría de dicho trámite para aumentar sus recursos de cara a la implementación de los cambios que el Gobierno quiere para el sistema de salud.
REDACCIÓN EDUCACIÓN