El próximo jueves 7 de septiembre el Gobierno, en cabeza de la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, y con presencia del presidente Gustavo Petro, radicará el proyecto de ley estatutaria que busca que la educación en Colombia sea reconocida y regulada como un derecho fundamental. Se trata de una de las dos grandes apuestas legislativas del Ejecutivo para esta legislatura (la otra es la reforma a la Ley 30 de 1992 que regula la educación superior), en las que se juega la viabilidad de gran parte de sus ambiciosas metas en el Plan Nacional de Desarrollo.
En diálogo con EL TIEMPO, la ministra Vergara explicó en qué consisten estas iniciativas, los grandes cambios que pretende lograr con ellas, las variaciones que los proyectos han tenido desde la publicación de su primer borrador el pasado 20 de julio y qué hará falta para que todo lo planteado en dichos textos sea una realidad.
¿Qué viene en estos últimos días para este proyecto que se radicaría el 7 de septiembre?
Este es el proyecto de ley estatutaria por medio del cual se busca regular el derecho fundamental a la educación. Nos encontramos en la fase de socialización de la segunda versión con diferentes actores del sistema como docentes, estudiantes, organizaciones sindicales, gremiales, académicos, secretarios de educación, funcionarios del Ministerio, congresistas, entre otros, para recoger comentarios y propuestas que debamos integrar al articulado final.
La ministra reveló que más de 1 millón de jóvenes no cuentan con acceso a educación superior.
Néstor Gómez. EL TIEMPO
¿Qué cambiaría con la ley estatutaria?
Son muchos los beneficios que vendrían, pero quisiera resaltar cuatro. Primero, busca que en Colombia tengamos un giro en la comprensión del derecho a la educación, que su garantía y goce no sea un privilegio de algunos, sino un derecho materializado para todas y todos. Segundo, que el Estado asegure la dignidad humana a través de inversión y políticas para la educación. Tercero, la conformación de un sistema educativo en el que se promueva una verdadera articulación entre los distintos niveles educativos (preescolar, básica, media y superior). Por último, contar con un marco normativo unificado, ajustado a la realidad del país.
El proyecto habla de fortalecer la primera infancia y educación media, hacerlos obligatorios. ¿Cómo funciona hoy?
En efecto. Y dicha obligatoriedad compromete al Estado, a la familia y a la sociedad. Actualmente la obligación es la formación de los 6 a los 15 años, es decir, de transición a noveno grado. La idea es garantizar el derecho, y la obligatoriedad, de los 3 a los 18 años.
¿Tienen estimado cuánto tardará el país en garantizar para todos el derecho a la educación en todos los niveles?
En la versión 2.0 del proyecto de ley estatutaria se tiene contemplada la progresividad del derecho, en tal sentido se establece lo siguiente: Primero, que para educación inicial la garantía del derecho se asegurará en un plazo máximo de cinco años. En educación básica un plazo máximo de diez años. En educación media, máximo en cinco años. Por último, la educación superior se asegurará en un plazo máximo de veinte años.
Todo esto implicará más recursos. ¿Cuánto se necesita y de dónde saldrá el dinero?
Es un reto. Se requiere garantizar recursos adicionales provenientes de diferentes fuentes para financiar la prestación del servicio educativo en todos los niveles, incrementar real y progresivamente los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) porque creemos que es prioritaria la ampliación de los dos primeros grados de preescolar (jardín y prejardín, cuya cobertura ronda apenas el 30 por ciento) y avanzar en la cobertura en Educación Media (9° es de los principales grados de deserción escolar por este motivo).
A propósito de esto de hacer obligatoria la media, ¿cómo está la cobertura en este nivel?
Recibimos una cobertura neta del 48 por ciento. Es decir, hoy en el país la mitad de los adolescentes en edad de estudiar 10° y 11° no lo hace. La meta que tenemos en el Plan Nacional de Desarrollo es en el cuatrienio llegar al menos al 65 por ciento y aumentar la Tasa de Tránsito Inmediato de grado 9 a grado 10 del 82 al 85 por ciento.
¿Por qué ven necesario poner también la educación superior como derecho fundamental, con todo lo que esto implica?
El objetivo es que todos los jóvenes del país cuenten con la oportunidad de transitar por los diversos niveles educativos, incluidas las instituciones de educación superior. En el tránsito de la educación media pública a la educación superior, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo ya establece una serie de metas como ampliar la cobertura en 500.000 nuevos cupos en Educación Superior, con énfasis en poblaciones y territorios marginados.
Frente a esto, ¿cómo avanza la reforma a la Ley 30 de educación superior?
Continuamos en la conversación nacional alrededor de la primera versión del articulado y estamos sistematizando las propuestas que nos están llegando para avanzar en una segunda versión que publicaremos en el mes de septiembre.
El 7 de septiembre se radicará el proyecto de ley estatutaria que busca que la educación en Colombia sea reconocida y regulada como un derecho fundamental.
Jhon Jairo Bonilla / Archivo EL TIEMPO
¿Cuándo espera que sea radicada?
El proyecto de ley que busca una reforma integral a la Ley 30 de 1992 tomará un poco más de tiempo. En las próximas semanas, con la publicación de la segunda versión, vamos a continuar con la discusión y esperamos radicar el proyecto ante el Congreso este semestre.
¿Cuál es la urgencia de reformar la educación superior?
El país lleva varias décadas pidiendo esta reforma y en eso hay consenso de todos los actores del sector educativo. Las manifestaciones de los movimientos estudiantiles, profesorales y sindicales son evidencia suficiente de la necesidad de un cambio. Por supuesto, es importante destacar que la Ley 30 posibilitó en su momento grandes avances en materia de calidad, cobertura y organización del sector, pero ya no responde a las necesidades financieras de las Instituciones de Educación Superior (IES), ni a los retos que nos está planteando, por ejemplo, la globalización tecnológica y la complejidad cada vez mayor de los desafíos y las problemáticas sociales, económicas y ambientales. Si queremos estar a la altura de los retos y reducir las desigualdades, es fundamental llevar a cabo una reforma estructural del sistema educativo.
Habla de consenso. ¿En qué se está de acuerdo respecto a lo que se quiere para la educación superior?
Hemos identificado varios puntos de consenso y quisiera resaltar tres: la educación superior como derecho fundamental; el papel protagónico que debe tener en la construcción de paz y la necesidad de fomentar la regionalización pensando en aportar al desarrollo local y al bienestar de las comunidades, lo que implica también reconocer y valorar los conocimientos, saberes y tradiciones de los pueblos étnicos y las comunidades campesinas.
Hubo mucha polémica por el artículo sobre Icetex. ¿Se ajustó? ¿Se mantiene que buscará eventualmente migrar a solo créditos en el exterior?
Es importante aclarar que no se acabará el Icetex. En la nueva versión de la reforma precisamos que el instituto seguirá siendo un actor importante del sector para facilitar el acceso de todas y todos los colombianos a la educación superior. A través del nuevo articulado estamos asegurando que sus mecanismos financieros se implementen bajo un enfoque complementario y subsidiario para los y las estudiantes que no sean beneficiarios de la política de gratuidad, de tal manera que existan alternativas de financiamiento que promuevan su formación dentro y fuera del país.
¿Y qué pasa con el déficit presupuestario de las universidades públicas?
Actualmente, la financiación de las universidades públicas se encuentra definida en los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Muchos análisis señalan que están detrás de los problemas financieros de las instituciones públicas. Por eso hemos trabajado para construir una propuesta que fortalezca la base presupuestal, no solo de las universidades sino de las Instituciones Técnicas, Tecnológicas y Universitarias. Esto
para avanzar en el cierre de brechas derivado de la problemática estructural de financiación del sector, pero también para fomentar el acceso y cobertura de nuevos estudiantes, su permanencia, la infraestructura, y otros temas que ahí son esenciales.
¿Cómo será esa nueva financiación?
Esto implica por supuesto disponer de recursos adicionales, que se financiarán con mayores ingresos derivados del recaudo de la Reforma Tributaria, lo que impactaría positivamente el Presupuesto General de la Nación. Con esto, por ejemplo, se van a reconocer los incrementos presupuestales anuales de las IES con base al Índice de Costos de la Educación Superior (Ices) que calcula el Dane, reemplazando al Índice de Precios al Consumidor (IPC), que se usa actualmente y que no reconoce que los costos del sector suelen incrementar más que la inflación. Si no hacemos esto, no podemos avanzar, por ejemplo, en metas de acceso.
Ya que habla de eso, ¿cómo se liga toda la reforma a las metas de gratuidad del Gobierno?
Los dos proyectos están relacionados, porque ambos reconocen que la educación superior es un derecho fundamental y, en este sentido, obligan a que el Estado promueva acciones de política pública que superen las barreras que impiden que los y las estudiantes pertenecientes a las familias vulnerables ingresen a programas académicos de calidad. Y quiero destacar que a través de la estrategia Universidad en tu Territorio, el Gobierno Nacional ha fortalecido la política de gratuidad en la matrícula porque flexibiliza los requisitos y procedimientos para el otorgamiento del beneficio y la asigna mayores recursos para lograr la meta de 500.000 nuevos estudiantes en el cuatrienio.
Pero desde el Sistema de Universidades Estatales (SUE) se ha hablado de lentitud en la creación de nuevos cupos. ¿Qué dice de ello?
Con las directivas de estas instituciones y de la Red de Instituciones Técnicas y Tecnológicas Universitarias hemos desarrollado un ejercicio para determinar lo que se requiere para la ampliación de cobertura. Fue precisamente con base en la información recopilada en mesas de trabajo nacionales y territoriales que construimos la estrategia Universidad en tu Territorio para trabajar en la ampliación de cupos. Adicionalmente, desde el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior hemos implementado diversas acciones de carácter normativo para agilizar el otorgamiento, renovación y modificación de registros calificados que se encuentran en curso.
¿Dónde queda la calidad en la reforma?
Desde la primera versión, el proyecto de reforma incluye principios que apuntan a mostrar la transversalidad de la calidad en los procesos de gobierno, administrativos, académicos, de investigación, así como en una formación integral y pertinente. Se busca avanzar en la flexibilización y adaptación curricular, la inclusión de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, así como la inteligencia artificial como aspectos transversales. Pero también se incorpora una visión del sector inclusiva, se contemplan disposiciones que buscan fortalecer el bienestar, la investigación e innovación, y el fortalecimiento financiero del sistema público, lo que mejorará las condiciones de calidad.
REDACCIÓN EDUCACIÓN