En cuatro años los estudiantes migrantes pasaron de ser 34.000 a más de 580.000

En cuatro años los estudiantes migrantes pasaron de ser 34.000 a más de 580.000



La población migrante ya representa el 5,8 por ciento de todos los niños, niñas y adolescentes matriculados en el sistema educativo colombiano
. Una cifra significativa que implica cerca de 600.000 menores, de acuerdo con el Sistema de Matrícula Estudiantil (Simat) del Ministerio de Educación.

En otras palabras, más de medio millón de niños, niñas y adolescentes procedentes de Venezuela están matriculados en el sistema educativo colombiano. Sin embargo, de acuerdo con cifras de Migración Colombia, 713.032 menores migrantes en edad escolar (incluyendo primera infancia) viven hoy en el país.
Estos datos reflejan dos realidades respecto al acceso a la educación de esta población: por un lado, una creciente tendencia a su escolarización, y por otro, que persisten las dificultades para garantizar este derecho fundamental para estos menores, en su mayoría, en condición de vulnerabilidad.

En el
2018 las cifras de matrículas de migrantes era de apenas 34.030
, mientras que
la cifra preliminar que maneja el Ministerio de Educación para el 2022 es de 583.550, un aumento del 1.714 por ciento.

Al inicio de la crisis migratoria, la matrícula de esta población se encontraba localizada principalmente en las zonas aledañas a la frontera, en los departamentos de La Guajira, Cesar, Norte de Santander, Arauca y Casanare. Con el pasar de los años, la matrícula se ha dispersado a lo largo y ancho del territorio nacional, moviéndose especialmente hacia las capitales departamentales y centros poblados de mayor dinamismo económico.

Actualmente, se reporta la matrícula en 32 departamentos y el Distrito Capital, en las 96 entidades territoriales certificadas en educación (ETC) y en 1.089 de los 1.120 municipios.

Para el
ministro de Educación, Alejandro Gaviria
, este ha sido uno de los puntos fuertes en materia educativa en los últimos años: “La educación es la puerta de entrada a la inclusión de los migrantes. Colombia ha hecho un gran esfuerzo en esto, de la mano de las secretarías de educación y maestros.
Debemos reconocer que el sistema de educación ha sido capaz de integrar a esta población, garantizarles sus derechos, lo que sin duda debemos mantener y reforzar”
.

El Estado entiende el acceso a la educación como un derecho fundamental, sin distinción de razas o nacionalidad, para lo cual modificó su normativa para eliminar las trabas. De esta forma, desde el 2018 existe la Circular 016, la cual establece la ‘Ruta para la atención educativa de niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela’, en la cual se establecen mecanismos para que se acepten en los colegios a estos menores, incluso si no cuentan con documento de identidad ni certificados de notas.

De acuerdo con el ministerio, en este contexto, “en cualquier grado de la educación preescolar, básica y media que necesite cursar un niño, niña o adolescente que viva en territorio colombiano, el Estado hará lo necesario para garantizar este derecho sin discriminación alguna”.

No obstante, ya sea por desconocimiento o condiciones externas en la vida de las familias migrantes,
todavía hay un gran número de personas en edad escolar que a la fecha no hacen parte del sistema educativo
, a lo cual se suman los impactos que causa en el sistema recibir a menores en estas condiciones y habiendo perdido, muchas veces, varios años de formación.

Mi hijo tiene 9 años y lleva cuatro años sin poder estudiar. No ha sido posible
”, le dice a EL TIEMPO Yurlenis Henao, una mujer que llegó a Colombia desde Venezuela en el 2019 de manera irregular, acompañada de su esposo, su hijo (entonces de 6 años) y dos maletas en las que empacaron pocas cosas.

“Cuando llegamos a Colombia –asegura– no lo metimos porque ni teníamos dónde vivir. Luego vino la pandemia, y tampoco se pudo. El año pasado nos estaban pidiendo Sisbén, pasaporte y hasta el certificado de notas de su escuela en Maracaibo, y nosotros no tenemos eso, y este año fue al colegio dos meses, pero luego me tocó sacarlo porque nos hemos mudado de ciudad varias veces para que mi esposo y yo busquemos trabajo”.

El caso de Yurlenis y su hijo es el mismo que hoy viven miles de niños, niñas y adolescentes migrantes que enfrentan todo tipo de dificultades para que les sea garantizado su derecho a la educación. Lo que cuenta refleja gran parte de las barreras que hoy persisten en el sistema educativo.

La primera de ellas es un aparente desconocimiento de la mencionada Circular 016, que claramente establece que no debe haber ningún tipo de barreras para que un estudiante de origen venezolano sea admitido en una institución educativa.

De acuerdo con el informe ‘Acceso, promoción y permanencia de niños, niñas y adolescentes migrantes en el sistema educativo colombiano’, de la organización Dejusticia, con apoyo de Unicef, se encontró que
algunos colegios exigen que se les entregue documentos que claramente no pide la normativa vigente y que son difíciles de conseguir
, en especial para migrantes en condición irregular.

De esta forma, hay colegios que piden a las familias estar inscritas en el Sisbén, en el programa Familias en Acción, contar con un acudiente o cuidador colombiano, carné de afiliación a una EPS, pasaporte vigente

(muchos migrantes llegaron al país por trochas sin contar con este documento), y hasta el recibo de la luz o el agua de su lugar de vivienda.

“Las barreras de acceso al sistema educativo para los adolescentes no se derivan de problemas en el diseño de la normativa del Ministerio de Educación, sino de la implementación de esta a nivel territorial debido a la falta de conocimiento de las y los funcionarios de las instituciones educativas sobre los procesos allí descritos y los procedimientos migratorios”, sostiene Dejusticia.
Pero incluso estar matriculados no garantiza el éxito escolar. Esto nos lleva a otro problema que persiste, tal vez de forma más recurrente, que es el de la permanencia. Este tema, que de por sí representa una dificultad en la población colombiana, se acentúa más en el caso de extranjeros, explica Catalina Duarte, gerente de Migración como Factor de Desarrollo y líder técnica de Educación de Unicef: “Una barrera de acceso que hemos identificado recientemente es que las familias no permanecen estáticas, lo que hemos denominado una flotabilidad de la población migrante. Están dos meses o un periodo determinado en un lugar y luego se trasladan. Por esto les niegan la opción de matrícula porque los colegios tienen cupos limitados y los rectores o las respectivas autoridades consideran que las posibilidades de deserción son elevadas”.

De hecho,
las cifras del Simat muestran que en el transcurso del año se han retirado del colegio 37.323 estudiantes provenientes de Venezuela.

Un aspecto adicional que preocupa es que el 22 por ciento de los estudiantes migrantes están en extraedad escolar, de acuerdo con el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM).

Según Duarte:
“Tenemos niños con competencias y habilidades por debajo de su edad, de 12 años, pero con conocimientos de niños de 9 años.
No tenemos un mecanismo de recuperación que les permita estar con sus pares de edades y esto, además, les dificulta la obtención de cupos”.

Con todo esto, el llamado de expertos y el Gobierno es a hacer un trabajo intersectorial, en el que colegios, Estado, profesores, padres de familia, organizaciones sociales y sector privado trabajen de la mano no solo para aumentar la cobertura, sino también para garantizar el éxito educativo de todos los niños, niñas y adolescentes migrantes.
La llegada de 583.000 menores más en el sistema educativo plantea grandes desafíos. ¿Dónde ubicarlos? ¿Existe la infraestructura necesaria? ¿Hay los recursos suficientes para garantizarles servicios complementarios como el Programa de Alimentación Escolar? ¿Alcanza el número de profesores actual para atender a esta población?

Todos estos son temas en los que los expertos consultados aseguran que se debe trabajar, y que el mismo ministro de Educación, Alejandro Gaviria reconoce: “Por eso mismo la necesidad de la reforma del Sistema General de Participaciones (que establece los recursos que la Nación gira anualmente a las regiones para, entre otras cosas, la educación), porque
esta llegada de migrantes y su inclusión en los colegios ha sido otro peso adicional en materia presupuestaria”.
Tres preguntas a Alexander Rubio, Director del Instituto deInvestigación Educativa y Desarrollo Pedagógico (IDEP).
¿Los colegios están preparados para recibir población migrante?


Esta población puede tener un fuerte choque en el colegio. Se hace necesaria una flexibilización curricular para que el proceso educativo sea más amable. A esto se suma un desafío que tiene que ver con una diferencia cultural en cuanto a normas y pautas, al lenguaje. Un tercer elemento es la necesidad de generar dinámicas psicológicas y convivenciales, porque ese movimiento migracional genera dinámicas de discriminación, xenofobia, etc. Todo esto ha representado nuevos retos en los colegios y es necesario que las instituciones sepan adaptarse a ello.

¿Qué hace que un menor migrante no vaya al colegio?


Muchas veces se trata de un tema de oportunidades económicas. Cualquier persona con ciertas vulneraciones, en especial en grados avanzados, puede preferir trabajar que ir a la escuela. Esto pasa también con colombianos, pero con migrantes es más significativo porque el porcentaje es mayor. Pasa algo similar cuando los padres son los que trabajan y tienen que moverse de un lado a otro buscando opciones de empleo. Desde los colegios se puede trabajar en acceso y permanencia, pero las condiciones sociales determinan el éxito educativo.

¿Qué
impacto
 genera tener a esta población fuera de los entornos escolares?

Educarse mejor genera movilidad social ascendente. Es decir, si los niños, niñas y adolescentes no tienen un buen proceso educativo, difícilmente van a poder acceder a educación técnica o superior, sus recursos económicos por lo tanto no van a ser óptimos y en su mayoría participaría solo de la economía informal. A esto sumemos otros aspectos como que bajos niveles educativos están asociados a mayores índices de embarazo adolescente.

MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación  
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Tomado de el Tiempo.com

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