Educación superior: los retos de crear 500.000 cupos en el cuatrienio

Aumentar en 500.000 el número de estudiantes en educación superior
durante el cuatrienio. Esta es la ambiciosa meta que el Gobierno tiene para este sector, y por lo tanto, una de sus principales banderas, al punto de que el
ministro de Educación, Alejandro Gaviria, asegura que, al momento de posicionarse en el cargo, el presidente Petro le dijo: “Por esto nos van a recordar”.

De hecho, ya se dieron los primeros pasos. Una reunión en la Casa de Nariño sostenida ayer entre rectores del Sistema Universitario Estatal (SUE), el ministro y el Presidente dio como resultado el compromiso de universidades públicas de abrir este año 60.000 nuevos cupos, 30.000 por semestre.
Lograr el objetivo del cuatrienio será un desafío de dimensiones mayúsculas. Implica pasar de los
2’448.271 estudiantes matriculados en 2021
(últimos datos disponibles en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, Snies) con los que actualmente cuenta la educación superior del país (incluyendo universidades públicas y privadas, e instituciones técnicas y tecnológicas) a un poco más de 2’900.000.

A esto se suma una realidad: de 2017 a 2020, las matrículas estuvieron a la baja, pasando de 2’446.314 estudiantes a 2’355.603. Recién en 2021, el número de alumnos en el sistema apenas logró superar por poco los índices de hace cinco años, con 1.957 estudiantes activos de más.

Sin embargo, se debe destacar que de 2020 a 2021 hubo un aumento en las matrículas de 92.668, impulsado por la política de gratuidad surgida por la contingencia económica derivada de la crisis sanitaria y que se espera que se ralentice en las cifras de 2022.

Cumplir con esta meta requiere enfrentar varios retos, como lo reconoció el ministro Gaviria. “
Hay un desfinanciamiento estructural de las instituciones de educación superior públicas
que dificulta su funcionamiento y por ende la inversión en diferentes proyectos que ayudan a la cobertura, como la infraestructura, así como la contratación de nuevos docentes”, señaló.

Y agregó que también se trata de una estrategia de regionalización, “porque no queremos que el aumento de cupos solo se dé en las grandes ciudades, sino que lleguen a aquellas regiones del país donde las coberturas de educación superior están muy por debajo del promedio nacional, que es del 54 por ciento”.

Es precisamente este uno de los puntos que más están bajo la lupa de los diferentes actores del sector. La política pública no solo deberá enfocarse en mejorar el acceso, sino en reducir las brechas. Y es que, como muestra
un reciente informe del Laboratorio de Gestión Educativa de la Fundación Empresarios por la Educación,
mientras que hay zonas con cobertura superior al promedio nacional (Bogotá, 127 por ciento; Boyacá, 65 por ciento, o Risaralda, 62 por ciento), hay otras con niveles muy por debajo (Arauca, 7 por ciento; Amazonas, 8 por ciento, o Putumayo, 18 por ciento).

“Otro tema clave es la crisis que enfrentan las universidades privadas —advierte el analista Ricardo Rodríguez—. Este sector viene con matrículas a la baja desde hace mucho. Altos costos en las matrículas, créditos educativos nada favorables para los estudiantes y, sobre todo, trabas administrativas que taponan procesos como el otorgamiento de registros calificados para crear nuevas carreras, ampliar la oferta académica o construir nuevas sedes”.
El foco principal para lograr incrementar el número de estudiantes pasa por las instituciones públicas. Y en esto, la política de gratuidad será vital. Sin embargo, por sí sola no es suficiente, según amplía Alfredo Alvarado, candidato doctoral en Política y Gestión de la Educación Superior. “Esta política no aporta recursos adicionales ni cupos nuevos. Es trasladar la responsabilidad del pago del estudiante al Gobierno, pero en última instancia no aumenta la cobertura. Ahora bien, sí es un estímulo. Si se logran los recursos para aumentar cupos, se permitirá estudiar a jóvenes que de otra forma no podrían hacerlo”, explica.

Y en este escenario cobra relevancia la reforma de la Ley 30 de 1992 que han reclamado las universidades públicas desde hace años y que este gobierno dice estar dispuesto a gestionar. Se trata de la norma que determina las transferencias a las instituciones y los incrementos anuales de estos recursos, tasados en el valor del IPC.

Esta fórmula sería la responsable del desfinanciamiento actual del sistema, dado que no contempla que los gastos universitarios aumentaron anualmente más que la inflación, causando que las instituciones hayan dejado de recibir en los últimos 30 años 3,5 billones de pesos solo para funcionamiento.

Al respecto,
Jairo Torres Oviedo, rector de la Universidad de Córdoba y presidente del SUE,
dijo: “Se deben reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, en el entendido del desfinanciamiento estructural de la universidad pública. Hay un compromiso con el Gobierno porque entendemos una cosa: mientras no se haga esa reforma para cambiar el indicador de transferencias de los recursos de la Nación a las universidades, no vamos a superar el déficit financiero. Con esto se va a permitir, primero, que las universidades públicas sean sostenibles financieramente, y segundo, que se pueda avanzar realmente en temas como la ampliación de cobertura, vinculación de profesores de planta (también necesarios para cumplir esta meta), entre otros puntos”.

En otras palabras, si se cambia la fórmula, habría más recursos para ampliar planta docente, llevar sedes a regiones apartadas del país para reducir las brechas, crear nuevos programas académicos y, en últimas, ampliar los cupos. De hecho, en una reunión sostenida entre el ministro y los rectores, el SUE manifestó que, de lograrse la reforma, se tendría la capacidad de contribuir a la meta con 210.000 nuevos cupos.
Pero la meta de los 500.000 cupos tiene varios ejes más allá del fortalecimiento financiero de las universidades públicas, que el Gobierno está teniendo en cuenta y en los que el sector privado también será importante.

Entre ellos se encuentra la reforma integral del Icetex, con la que, según le comentó a este diario el presidente de la entidad, Mauricio Toro, el instituto tiene en sus manos la misión no solo de mejorar las condiciones de sus créditos, sino con esto aportar a la meta con un total de 86.000 nuevos estudiantes. Y es que en las universidades privadas el aumento de cupos está relacionado con el crecimiento de la demanda, de la cantidad de estudiantes dispuestos y con los recursos para matricularse.
Mejores condiciones en créditos, como la reducción de las tasas de interés, se traduciría en más personas estudiando.

“Hay otros mecanismos distintos de acceso a la educación superior, incluidos los fondos territoriales. En el presupuesto bianual de regalías les vamos a permitir a alcaldes y gobernadores que financien becas de educación superior”, detalló el ministro Gaviria como otras de sus apuestas, así como la articulación entre el colegio, la universidad y las instituciones técnicas, para garantizar que los jóvenes empiecen sus estudios superiores desde el bachillerato.

Aunque todos estos esfuerzos son valiosos, expertos consultados por EL TIEMPO dicen que la discusión sobre educación superior debe ampliarse más allá de la cobertura. ¿Cómo mejorar la calidad? ¿Cómo reducir la deserción? ¿Qué se va a hacer para garantizar la pertinencia de los programas? ¿De qué forma se va a articular el sistema educativo con el acceso al mundo laboral? Estas serán preguntas que, advierten, deben estar presentes en los debates sobre el sector (ver entrevista adjunta).
Tres preguntas a Andrea Escobar, directora ejecutiva de la fundación Empresarios por la Educación.

¿Qué hace falta para cumplir la meta de 500.000 nuevos cupos?


Es muy ambicioso porque, entre otras cosas, la discusión de este objetivo en el Plan Nacional de Desarrollo pasa también por cómo se va a soportar esto con el presupuesto. Educación es el principal rubro del gasto de la Nación, pero el 88,5 por ciento de esto va a funcionamiento. Ese es un tema que este año será vital: ¿de dónde saldrán los recursos? ¿Cómo se distribuirán las cargas y responsabilidades? Esto implica también una reforma de la Ley 30, que dependerá del Congreso, lo cual es otro punto que puede dificultar la tarea.

¿Este esfuerzo es suficiente para mejorar la educación superior?


Más allá de quedarnos en los 500.000 cupos, es necesario abrir la conversación un poco más. Es una mirada pequeña que, sí, soluciona una problemática. Pero en Colombia no solo hay una cobertura del 54 por ciento, apenas el 40 por ciento de los estudiantes transitan de manera inmediata del colegio a la educación superior, la vinculación laboral de los egresados es otro punto clave. En fin, el sector tiene retos adicionales.

¿En qué más se debe pensar?


Hay que pensar a largo plazo. Hay que pensar cómo esta estrategia se teje con la educación media para realmente cerrar las brechas. El Gobierno debe hacerse otras preguntas. Por ejemplo: ¿cómo se va a garantizar que los jóvenes elijan bien la carrera? ¿Cómo se les va a preparar para que tengan el rendimiento académico idóneo y no abandonen sus estudios por falta de habilidades desde el colegio?

Uno de los principales problemas del sistema es la deserción, que es del 14,8 por ciento en la técnica y 8,2 por ciento en la universitaria. Y este fenómeno no es solo por falta de recursos, sino que muchas veces está mediado por la mala elección de la carrera. Eso trunca proyectos de vida, al punto de que hoy solamente la mitad de las personas que inicia un programa de pregrado logra graduarse.

MATEO CHACÓN ORDUZ

Redacción Educación



Tomado de el Tiempo.com