En el momento en que el Gobierno anunció que la reforma de la Ley 30 de 1992, que regula la educación superior en Colombia, sería integral y no solo centrada en el financiamiento de las instituciones públicas, un amplio número de analistas y rectores de universidades expresaron la necesidad de que la calidad fuera un tema clave. Sin embargo, luego de conocerse el contenido del borrador de la norma, las críticas de estos expertos no se han hecho esperar, al considerar que, por el contrario, no parece haber grandes cambios.
Una de esas voces es la del exrector de la Universidad Nacional, y uno de los mayores expertos en temas educativos del país, Moisés Wasserman, quien le señaló a EL TIEMPO que “la calidad en la reforma es casi inexistente, está apenas tangencialmente tocada, y no hace más que afianzar normas que ya existían”.
Visión similar es la de Luz Karime Abadía, codirectora del Laboratorio de Economía de la Educación de la Universidad Javeriana, quien advirtió: “Realmente el proyecto de reforma no menciona mucho en términos de calidad. Ni esto ni la pertinencia son el foco de esta propuesta. No hay nada que sea contundente, que genere un cambio importante. Solamente habla de temas vagos como unos beneficios a las instituciones con acreditación de alta calidad (no se sabe cuáles) y un poco sobre flexibilidad en el sistema de aseguramiento de calidad”.
Esta opinión de los expertos contrasta con lo expresado por la ministra de Educación, Aurora Vergara, quien señaló que para la construcción del proyecto sí se trabajó para mejorar en este tema y que desde hace meses se trabaja en una reglamentación para flexibilizar el sistema. “Hemos escuchado las voces de diferentes actores. Precisamente, la educación de calidad es uno de los pilares de esta reforma. Lo que estamos haciendo es trabajar en un marco legal que permita una reglamentación, que puede ser vía decreto, que responda a estas necesidades que ha identificado el sector”, afirmó.
En el texto de la reforma, sin embargo, son contados los artículos que hacen mención de este tema, y menos aún los que, más allá de mencionarlos, implican ajustes a la normativa vigente. Se trata de los artículos 7, 8 y 9. En dichos apartes se habla de que los programas académicos deberán armonizar el conocimiento académico y las dinámicas internacionales con los saberes ancestrales y étnicos de las comunidades.
Por otro lado, el artículo 9 establece que “el Ministerio de Educación Nacional realizará los ajustes necesarios en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior para promover la flexibilidad, la actualización permanente y la innovación curricular que permita la construcción de distintas rutas de formación y aprendizaje”, dando a entender que estos cambios vendrían por otras vías como decretos y no en el proyecto de ley.
Aunque se habla de pertinencia de los programas académicos, así como de la flexibilidad del sistema de aseguramiento de la calidad, para algunos expertos este tema debería tener más fuerza en un proyecto que pretende “revolucionar” el sector, como prometió el presidente Gustavo Petro.
Así lo cree Esteban Piedrahíta, rector de la Universidad Icesi, quien cree que los procesos para acreditar la calidad en el país son “arcaicos” y a menudo no responden a las verdaderas necesidades ni del sector. “Los temas de calidad deben ser prioridad. Este sistema de aseguramiento se ha vuelto una burocracia espeluznante que hace muy difícil que las universidades innoven y atiendan las necesidades de los estudiantes y del sector productivo”, expresó.
Abadía, por su parte, sostiene que “los resultados de las pruebas Saber Pro muestran que la gran mayoría de los jóvenes se gradúan sin tener competencias básicas no solo en inglés, matemáticas y lenguaje, sino en sus propias áreas de conocimiento”.
Los expertos creen que la pertinencia de los programas académicos es otro tema pendiente. Y según el informe más reciente del Foro Económico Mundial en materia de empleo, en siete años el 30 por ciento de las ocupaciones que ahora existen estarán totalmente automatizadas. Lo anterior implicaría que las carreras se harán obsoletas cada vez más rápido.
Para Raquel Bernal, rectora de la Universidad de los Andes, “ante esta obsolescencia del conocimiento, se hace cada vez más necesaria una educación de calidad para toda la vida, en la que se estudie de manera continua para mantener actualizadas nuestras competencias”.
Un reto más es identificado por el exministro de Educación y rector de la Universidad Central, Jaime Arias: “En el país hay un retraso pedagógico que se inicia desde el colegio y se profundizó con la pandemia. Hay enormes brechas en el sistema educativo, que se hacen más grandes a medida que se avanza en el proceso formativo, y eso en la universidad se evidencia mucho más. Es necesario hacer algo urgente, que todos entren a la universidad en igualdad de condiciones y que la educación superior a la que accedan tenga los mismos estándares, sin importar la región o universidad en la que estudian”.
(Vea también: Reforma a la educación superior: $6,8 billones costaría su implementación).
Lo anterior lleva a otro punto: que cualquier esfuerzo encaminado a mejorar la calidad del sistema necesariamente debe ir acompañado con mayor inversión, explica Andrés Felipe Mora Cortés, profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia.
“En estos momentos las universidades públicas tienen un desfinanciamiento grande, lo cual hace que la calidad tenga un costo muy alto y, por tanto, se deben canalizar los recursos adecuados para solucionar el problema”, señaló.
Mateo Chacón
Redacción Educación